Colau cede ante los okupas para mantener la paz social

Han pasado 20 años de un hito del movimiento okupa de Barcelona: los jóvenes de la Hamsa, una antigua industria okupada del barrio de Sants, izaron la bandera del movimiento en uno de los mástiles del Ayuntamiento. Hoy, el movimiento okupa de Barcelona está mucho menos presente en la ciudad, aunque mantiene edificios que son buques insignia y goza de una capacidad de movilización y de respuesta no exenta de violencia. Lo demostraron con los intentos de desalojo de Can Vies (2014, con el exalcalde Xavier Trias) y en mayo pasado en el autodenominado Banco Expropiado. En ambos casos, los barrios estallaron y hubo varias noches de graves disturbios.

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El Gobierno de Ada Colau —con integrantes que han sido okupas, como la propia alcaldesa— ha cambiado la estrategia de Trias y ha optado por tender la mano a estos colectivos. En el caso de Can Vies, en Sants, la alcaldesa se ha mostrado partidaria de mantener el centro social en pie. Colau busca una salida pactada con el entorno que permita no derribar el histórico centro social, que es propiedad municipal. Josep Maria Domingo, del Centro Social de Sants, ha mediado de alguna forma entre el Ayuntamiento y Can Vies tanto en el mandato de Colau como en el de Trias. Domingo defiende: “Colau parece más tolerante y abierta; Trias tenía un papel de Gobierno conservador y no podía tener conversaciones abiertas y fluidas con estos colectivos”.

Banco Expropiado

En el Banco Expropiado, aunque fue un privado quien echó a los okupas cuando Colau dejó de pagarles el alquiler que había abonado Trias para comprar la paz social, fue el Ayuntamiento, de la mano de las entidades, quien tuvo que calmar las aguas. El concejal del distrito de Gràcia, Eloi Badia, tuvo un papel crucial. “Hablamos y hablamos, mediamos con entidades, comercios e intentamos rebajar el conflicto. Aún así, poco se puede hablar con quien no quiere hablar”, recuerda en alusión a los okupas, que no suelen reconocer al Ayuntamiento como interlocutor. “Cada caso es un mundo, pero siempre seguimos unas premisas. Si el inmueble es privado no tenemos gran cosa que decir. Si es municipal, evaluamos si de forma inminente se ha de realizar allí algún equipamiento. En el caso del edificio Transformadors, en la calle Ausiàs March, teníamos un proyecto aprobado y el Consistorio decidió solicitar el desalojo. Si no es inminente la construcción de un equipamiento, analizamos si hay problemas de seguridad y si los okupas realizan actividades que tienen algún tipo de retorno social. Por último, intentamos detectar si existe algún tipo de problema de convivencia con los vecinos o entidades”. Badia asegura que ni el Consistorio deja la puerta abierta a las okupaciones ni si van a convertir “en un problema —crear un Can Vies 2— lo que no es un problema”. Además, con la entrada al gobierno de Barcelona en Comú, la Guardia Urbana dejó de realizar intervenciones como antidisturbios o relacionadas con el orden público y, en consecuencia, dejaron de apoyar a los Mossos en los desalojos.

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Pero si hoy el movimiento de Barcelona, que llegó a ser un referente europeo, está mucho menos presente en la ciudad (la Asamblea Okupa hace años que no tiene actividad), la okupación como fenómeno no ha desaparecido. Desde que estalló la crisis, okupan pisos las familias que no tienen donde ir; okupó la PAH bloques enteros de la Sareb; okupan los vecinos espacios que acaban incorporándose a la red pública de equipamientos...

Además de Can Vies, en la ciudad siguen existiendo edificios que se identifican con el movimiento okupa. La Kasa de la Muntanya, un antiguo cuartel del barrio de Gràcia, cumplió 25 años de okupación en 2014. Can Masdeu, una antigua leprosería de Collserola, lleva 15 años.

Jordi Mir, del Observatorio de los Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, subraya esta paradoja: “Mientras el movimiento ha perdido peso, la okupación lo ha ganado como fenómeno por parte de colectivos que lo han utilizado para hacer posibles sus reivindicaciones”. “Hoy las reivindicaciones se canalizan por otras vías, incluida la institución”, señala Mir. El experto cree que la extensión de las okupaciones es “señal de cambio social”. “Determinadas prácticas de lo que antes era gente peligrosa para el sistema ahora se han extendido y, a partir de la situación de crisis habitacional, socioeconómica y política, se distingue entre lo que es ilegal y lo que es legítimo, y desde la legitimidad se construyen alternativas”, entiende. Y añade que el movimiento okupa, como ha ocurrido en otros casos, “ha perdido centralidad en el espacio de lucha”.

Pleno tras pleno, grupos municipales como el PP, pero también CiU y Ciudadanos, reprochan a Colau lo que entienden que es “permisividad” con los okupas. El PP reveló hace unas semanas que las okupaciones de vivienda han aumentado un 60% entre finales de 2015 y junio de 2016, cuando había 1.065. El jefe de filas de los populares, Alberto Fernández Díaz, denunció que una guía para turistas del distrito de Gràcia incluye la Kasa de la Muntanya como atractivo, una publicación que fuentes del ejecutivo municipal aseguran que se encargó durante el mandato de Trias.