El fiscal cree que los pagos a CDC dañan el “interés general”

El pago de comisiones de Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) no es algo que ataña solamente a la empresa y a sus accionistas, sino que afecta al "interés general". Así lo ha argumentado el fiscal Emilio Sánchez Ulled en la segunda sesión del juicio por el caso Palau. Los abogados de los dos directivos de la constructora acusados habían argumentado que, como la empresa no les ha denunciado, el fiscal no está legitimado para acusarles de administración desleal. El fiscal ha defendido con vehemencia que esos pagos (6,6 millones) no se ciñen "a una relación privada entre Ferrovial y el Palau", sino que afectan al conjunto de la sociedad. "El delito se da en un contexto muy amplio: la financiación ilegal de un determinado partido".

El caso Palau dirime el expolio de la institución musical (24 millones de euros) por parte de sus antiguos responsables, Fèlix Millet y Jordi Montull. Pero también, el pago de comisiones ilegales de Ferrovial (que la empresa niega) a Convergència a cambio de la adjudicación de obra pública. Esas mordidas se camuflaban, según el fiscal, como si fueran "donaciones" para financiar la actividad cultural del Palau. Millet y Montull hacían de intermediarios para hacer llegar el dinero al partido nacionalista (a través de su extesorero Daniel Osácar, también acusado) a cambio de una comisión.

La segunda jornada del juicio ha servido para que el fiscal rechace de plano la mayoría de cuestiones planteadas por las defensas. Parte de los 16 acusados argumentaron, el día anterior, que algunos de los delitos por los que se les acusa han prescrito. Lo hizo, por ejemplo, la defensa de Osácar sobre el delito de tráfico de influencias. El fiscal Sánchez Ulled se ha opuesto a esas peticiones salvo en un caso: el de Marc Martí, de la empresa Publiciutat. Martí afrontaba una petición de tres años de cárcel por falsedad documental. Según el relato de la acusación, su empresa emitió facturas falsas al Palau de la Música que sirvieron para enmascarar pagos a Convergència.

En su intervención, Sánchez Ulled ha reconocido que el delito ha prescrito. Por muy poco. Apenas 20 días. La última factura emitida es del 5 de septiembre de 2007. Y Martí fue imputado el 25 de septiembre de 2012 (el delito prescribe a los cinco años). "Qué le vamos a hacer", ha lamentado el fiscal, quien ha subrayado, sin embargo, que pese a haberse extinguido la responsabilidad penal de Martí, "el hecho sigue existiendo" y será valorado en la vista. La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona ha decidido absolverle al final de la sesión.

El fiscal ha centrado buena parte de su intervención en defender la validez de una prueba cuestionada por las defensas. Se trata de un CD en el que se copiaron archivos informáticos de la secretaria personal de Millet, Elisabet Barberà, y que contienen anotaciones relacionadas con las comisiones ilegales a Convergència. La defensa de Ferrovial había argumentado que se trata de una "prueba prohibida" porque se rompió la cadena de custodia. El fiscal lo ha negado. Ha admitido que hubo un "problema físico" con el CD (estaba rayado), pero que se realizaron diversas copias (incluida una nueva, autorizada por el juez de instrucción) que avalan la validez de la prueba.

La vista se reanudará el próximo miércoles con la declaración de los acusados. Será, probablemente, la jornada más determinante del juicio porque está previsto que Montull confiese las comisiones ilegales a Convergència. El ex número dos del Palau de la Música ha llegado a un acuerdo verbal con la Fiscalía para corroborar sus acusaciones y obtener, así, una rebaja de la pena. Su objetivo es salvar de la cárcel a su hija Gemma Montull, que ahora afronta una petición de 26 años que podría verse rebajada a solo dos. Gemma Montull, exadministradora financiera de la institución musical, también deberá ofrecer detalles sobre el pago de comisiones al partido a través del extesorero Daniel Osácar.