El Tribunal Superior anula la tasa a los pisos vacíos de los bancos en Torrejón
Ganemos había recurrido la tasa creada por el PP para pagar el gasto de vigilancia de las viviendas
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado ilegal la tasa creada por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, gobernado por el PP, que gravaba con unos 700 euros las viviendas vacías propiedad de los bancos. La sentencia estima un recurso interpuesto por el grupo municipal de Ganar Torrejón contra el gravamen, cuya implantación desde el pasado año el Ejecutivo local justificó por los gastos de vigilancia generados para evitar la ocupación ilegal de los inmuebles.
En su dictamen, el TSJM entiende que no puede cobrarse por un trabajo que ya es competencia de la policía. En ese sentido, el tribunal estima ilegal "repercutir los costes de prevención del delito a quien lo sufre" y condena al Consistorio a anular la tasa y pagar las costas del juicio.
En un comunicado, Ganar Torrejón ha calificado el fallo de "importante tirón de orejas" al Gobierno municipal como consecuencia de haber adoptado una decisión que "contraviene el artículo 21 c) de la Ley de haciendas locales".
El citado artículo establece "de forma expresa" que las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios de vigilancia pública en general, agrega la nota.
El Gobierno municipal ha estimado en un total de 900.000 euros los gastos ocasionados al Ayuntamiento por el millar de viviendas vacías de los bancos en servicios como el de mediación por conflictos en las comunidades de vecinos.
Además, los concejales del PP defendieron en el pleno la aprobación de la tasa como una forma de concienciar a los bancos sobre la necesidad de bajar los alquileres de las viviendas para facilitar su acceso a personas con pocos recursos.
Según Ganar Torrejón, dicho argumento fue solo una "excusa" del Ejecutivo, ya que rechazó durante las semanas previas varias mociones presentadas por la oposición para favorecer la vivienda social.
El efectos de la tasa en la práctica, según la formación, es que garantiza a los bancos la seguridad de las viviendas de su propiedad que puedan ser fuente de conflicto por su ocupación ilegal.
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