El Ayuntamiento admite “indicios de corrupción” en las cuentas de su organismo informático

La gestión del almacén donde se guardan los equipos informáticos del Ayuntamiento de Madrid está siendo investigada por la Fiscalía por “indicios de corrupción”. En el informe de los servicios de inspección se han detectado facturas, albaranes y partes de trabajo falsos. Las primeras pesquisas indican que el fraude es de dos millones de euros, pero no se descarta una cuantía mayor. Además, no se han hallado los inventarios entre 2013 y 2015.

El Ayuntamiento que encabeza Manuela Carmena (Ahora Madrid) ha destapado un presunto caso de contabilidad b en el almacén de informática que el Consistorio posee en la calle de Albarracín. El fraude, calificado de “no leve” en el informe que el director de los Servicios Jurídicos municipales entregó el pasado lunes a la Fiscalía Provincial, está estimado en unos dos millones de euros, aunque “puede ser mucho mayor y afectar a otras instituciones fuera del Ayuntamiento de Madrid”, según la documentación conocida por EL PAÍS. El caso, si se confirman las sospechas municipales, podría tener ramificaciones con organismos del Ministerio de Fomento.

La trama, a grandes rasgos, consiste presuntamente en comprar material de oficina e informático a una multinacional del sector, al tiempo que se crea lo que los investigadores denominan “bolsa”. Lo adquirido nunca llega, por lo que se emiten albaranes y facturas falsas cuyo importe se ingresa en la “bolsa”. Luego, se adquiere con ese dinero material a una o varias empresas intermediarias y se cuadran los inventarios de material municipal.

El asunto fue destapado a raíz de una denuncia anónima que llegó en noviembre pasado al Ayuntamiento. Los hechos fueron puestos en conocimiento del coordinador de Alcaldía, Luis Cueto, y de la gerente de la ciudad, Carmen Román. Esta última ordenó investigarlo todo a finales de diciembre.

Los inspectores se presentaron en las dependencias informáticas y descubrieron cajas sin abrir, material por los suelos y arcones en los que se debía guardar el material (antenas Wifi y equipos de red fundamentalmente) medio vacíos. El responsable del local no dio explicaciones convincentes y el subdirector de Comunicaciones del Instituto Municipal de Informática (IAM), Francisco López, fue destituido de “forma preventiva”.

Tal es la magnitud de las presuntas irregularidades halladas, que el Ayuntamiento, dice en su informe, “carece de los medios suficientes para analizar la documentación” y reclama, por ello, la ayuda de la Fiscalía.

En concreto, los documentos municipales detallan “la emisión de facturas no realizadas, albaranes y partes de trabajos falsos”. El informe municipal admite, además, que se desconoce el “valor total” del material guardado en el almacén, porque no se han hallado por ningún lado los “inventarios” de los años comprendidos entre 2013 y 2015.

El valor, solo de lo supuestamente defraudado a finales de 2016, se divide en tres contratos de 1,3 millones, 480.000 euros y 220.000, respectivamente. Los tres han sido paralizados por el Ayuntamiento por sus “desfases”, indica el informe. No obstante, el Consistorio cree que el montante de lo que defraudado es muy superior, ya que las supuestas irregularidades se remontan a 2013. “No hay inventario del almacén, ni del dinero que falta ni desde cuándo”, se destaca. De hecho, el equipo municipal anuncia que revisará todos los contratos hasta 2012.

El Ayuntamiento ha encargado ya una “auditoría externa independiente” para valorar la magnitud de lo desaparecido en los depósitos. Sus resultados se conocerán aproximadamente dentro de dos meses.

Sin seguridad adecuada

Finalmente, el informe admite que las instalaciones de la empresa municipal de informática (IAM) carecerían de la “seguridad adecuada”. De hecho, se desconoce quiénes entraban o salían de ellas, si bien los técnicos descubrieron que en el local se habían instalado cuatro cámaras de captación de imágenes en el techo que no habían sido declaradas en la Agencia de Protección de Datos. Las grabaciones estaban siendo gestionadas por una empresa privada que mantenía un contrato con la Subdirección General de Comunicaciones.

Por su parte, el concejal socialista madrileño Antonio Miguel Carmona, el primero que alertó sobre las presuntas irregularidades, manifestó ayer: “Lo adecuado sería que el Consistorio abra una comisión extraordinaria de investigación para aclarar hechos tan graves”. El edil se queja de que el equipo de gobierno de Carmena no esté informando a los grupos políticos del desarrollo de las pesquisas y que “tengamos que enterarnos por la prensa”. El socialista, que es portavoz de la Comisión de Reclamaciones, exige “luz y taquígrafos”.