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Artur Mas alega que el Constitucional no advirtió de las consecuencias de celebrar el 9-N

El expresidente dice que el Alto Tribunal y la fiscalía tenían que haber actuado si “tan claro era el delito”

El expresidente de la Generalitat,Artur Mas, declarando ante el juez.

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha enfrentado este lunes a un equilibrio delicado: el que debe mantener para evitar una condena por desobediencia y, al mismo tiempo, reivindicarse como líder político de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. El Tribunal Constitucional había prohibido, cuatro días antes, la votación. Pero el Gobierno catalán la impulsó de todos modos, según la Fiscalía, que acusa a Mas de desobediencia y prevaricación. “No había ánimo de cometer ningún delito ni de desobedecer a nadie”, ha explicado el expresident, que en una breve intervención (45 minutos) ha evitado el interrogatorio del fiscal y se ha limitado a contestar a su abogado. Mas ha recordado que el Constitucional no advirtió de las consecuencias que podía tener seguir con la consulta. “Si tan evidente era que era un delito, ¿cómo puede ser que el Constitucional no hiciera nada para hacer cumplir su resolución?”, se preguntó. La vicepresidenta del gobierno de Artur Mas, Joana Ortega, y la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, avalaron al presidente y afirmaron que no recibieron ningún requerimiento del Alto Tribunal.

Mas se ha presentado como un político en la encrucijada, enfrentado a “dos deberes”. Por un lado, “el deber de atender” la resolución del Constitucional. Por el otro, “un deber mayor”, en su opinión: obedecer el “mandato parlamentario” y el “clamor de la calle” para votar sobre la independencia. “El Gobierno y su presidente tenían que estar a la altura de las circunstancias”, ha reivindicado Mas, que se ha centrado en el trasfondo político del 9-N. “No fue un capricho individual ni una salida de tono, ni una ocurrencia”.

Pese a no responder al fiscal, Mas ha aludido al asunto que, al fin y al cabo, le ha llevado a juicio: determinar si, pese al veto del TC, el Gobierno catalán siguió impulsando el 9-N y con ello cometió un delito. Mas ha intentado mantener el equilibrio. Ha explicado que el Ejecutivo organizó una primera consulta, que fue suspendida por el Constitucional, y que tras ese veto decidió “cambiar el formato” e idear una “jornada de participación”, lo que fue el 9-N: 2,3 millones de personas votaron ese día. Mas ha asumido que fue “el máximo responsable de la idea” y de “dar las instrucciones” a su Gobierno para organizarla. Pero con un matiz. El 9-N, ha dicho, no fue “directamente organizado” por la administración, que se limitó a prestar su “apoyo” a los 42.000 voluntarios, verdaderos ejecutores de la jornada.

La Fiscalía rechaza la tesis de que el proceso quedase en manos de voluntarios y tiene en su poder documentos y testimonios que demuestran que el Gobierno catalán “impulsó” la jornada al no suspender los trabajos que los contratistas privados ejecutaron para llevarla a cabo (web, programas informáticos, apertura de institutos públicos como centros de votación, etcétera). Consciente de ese escenario, Mas ha intentado abordar también algo que será clave en la sentencia: si su conducta cumple todos los requisitos del delito de desobediencia. Será un debate técnico y jurídico, en el que la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (que es variable) desempeñará un papel determinante.

De izquierda a derecha: Joana Ortega, Carme Forcadell, Carles Puigdemont, Artur Mas e Irene Rigau. ver fotogalería
De izquierda a derecha: Joana Ortega, Carme Forcadell, Carles Puigdemont, Artur Mas e Irene Rigau.

Guiado por las preguntas claras y concisas de su abogado, Javier Melero, Mas ha insistido en que la resolución del Constitucional contenía un mandato “impreciso y no reiterado” que no se había cumplimentado “en todas sus formalidades”. El expresidente catalán ha admitido que recibió la notificación del TC el 4 de noviembre, pero ha matizado que esa resolución “no avisó de las consecuencias legales de no suspender el 9-N”. También se ha valido de argumentos políticos para defender su inocencia. El Gobierno de Mariano Rajoy, ha incidido, hizo “ridiculización” y “mofa” del proceso y no presentó un recurso hasta 15 días después de que se anunciara la consulta. “Esos 15 días sirvieron para producir la base logística y organizativa del proceso y para formar a los voluntarios”.

Mas ha citado a su favor la actuación de los organismos judiciales esa jornada. Ha lamentado que el Constitucional no se reuniera “con carácter de urgencia para contestar el requerimiento” del Gobierno catalán, que había pedido una aclaración de la resolución. Y ha agregado que, el mismo día 9 de noviembre de 2014, y pese a las denuncias interpuesta en los juzgados de guardia, “nadie” intentó detener la consulta. “Si tan evidente era que era un delito, ¿cómo puede ser que el Constitucional no hiciera nada para hacer cumplir su resolución?”

Los disparos dialécticos también han ido contra la fiscalía. Mas ha recordado que uno de los fiscales que lleva el caso, Emilio Sánchez Ulled, “estaba de guardia” el 9-N y “no actuó para parar” la votación. Y ha señalado que los fiscales catalanes “dijeron por unanimidad” que no había indicios de delito. Más tarde, la Fiscalía General del Estado obligó a interponer la querella contra Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau.

Ortega ha abundado en la tesis de Mas de que ni ella ni "ningún miembro" de su departamento recibieron "ningún requerimiento" por parte del Constitucional durante el proceso participativo. La vicepresidenta del Gobierno catalán durante el mandato de Artur Mas ha declarado que "no hubo ningún funcionario implicado en la ejecución del 9-N", sino un "colectivo de voluntarios muy bien organizado". Según Ortega, el Ejecutivo de Artur Mas no tuvo nada que ver con las tareas de constitución de mesas ni organización de las colas y ha añadido que su comparecencia al final de la jornada solo fue de carácter informativo. La exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, también ha negado haber recibido ningún requirimiento del Alto Tribunal y ha afirmado que no hubo ningún tipo de "coacción" hacia responsables de centros educativos que se hubieran podido negar a abrir escuelas o institutos para celebrar el proceso participativo del 9-N.

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