La exconcejal de Valencia Alcón niega ahora el blanqueo del ‘caso Taula’
Los investigadores restan relevancia a la declaración de la exedil de Cultura, que tiene derecho a mentir
María José Alcón ha negado este miércoles la operación de blanqueo que presuntamente cometieron los integrantes del grupo municipal del PP de Valencia para financiar la campaña electoral de 2015. Alcón, que fue concejal de Cultura, ha cambiado la versión que expuso ante la Guardia Civil y el juez instructor de la causa, Víctor Gómez, tras ser detenida en enero del año pasado, al declarar ahora en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Las comunicaciones de Alcón fueron intervenidas con autorización judicial en 2015, cuando supuestamente se estaba ejecutando el llamado pitufeo, en el que medio centenar de miembros del grupo municipal del PP lavaron una pequeña cantidad de dinero (1.000 euros cada uno). En varias conversaciones, pero sobre todo en una con su hijo, Alcón describió la supuesta operación y su finalidad: los dirigentes del PP local "tienen mucho dinero negro”, “de empresas, comisiones, corrupciones...” y “no pueden aflorarlo".
Alcón ha atribuido este miércoles tanto aquellas palabras como sus declaraciones posteriores a la fuerte medicación que estaba tomando por problemas psiquiátricos. Es el mismo argumento que utilizó su marido, Alfonso Grau, cuando fue citado a declarar por el juez Gómez. Y el que están utilizando las defensas de otros investigados.
Fuentes de la investigación consultados por EL PAÍS han relativizado la importancia del cambio en el signo de declaración de Alcón. La consecuencia más importante, han apuntado, es que su postura hace difícil que pueda alcanzar un acuerdo con las acusaciones del caso.
La exconcejal ha declarado en el Tribunal Superior como testigo, pero con las prerrogativas que se conceden a los imputados, incluida las de guardar silencio y mentir. Ello se debe a una cuestión procesal.
El Tribunal Superior está reiterando los interrogatorios que ya tuvieron lugar en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, cuyo titular es el magistrado Gómez, debido a la existencia de un aforado en la causa, Miguel Domínguez, exconcejal de Seguridad de Barberá y diputado no adscrito en las Cortes Valencianas tras haber abandonado el Grupo Parlamentario Popular.
En la causa paralela sobre el pitufeo solo está imputado Domínguez. Los otros 48 integrantes y exmiembros del grupo municipal del PP, incluida Alcón, están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción 18. Debido a esa doble condición, Alcón ha comparecido como testigo con las ventajas que el sistema procesal reserva a los imputados.
Domínguez también ha comparecido este miércoles, y ha negado haber cometido un delito de blanqueo. Como ya dijo en un escrito dirigido al juez Gómez, el diputado ha mantenido que donó 1.000 euros al partido para la campaña, pero no los recibió en metálico como mantienen las acusaciones.
Ante la magistrada instructora del Tribunal Superior, Pía Calderón, ha comparecido igualmente María del Carmen García-Fuster, la persona que supuestamente manejaba el dinero negro en el grupo municipal, que se ha negado a responder a la mayor parte de las preguntas por su condición de imputada ante el Juzgado de Instrucción 18.
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