Carlos Fabra se niega a declarar en el caso por cohecho en el que está imputado

El expresidente de la Diputación de Castellón y exlíder del PP provincial, Carlos Fabra, y el expiloto de motos Álex Debón, se han acogido este martes a su derecho a no declarar ante el juez que les investiga por cohecho en un patrocinio del aeropuerto. Una causa que el instructor ve “compleja”. Por ello ha dado traslado a la Abogacía del Estado, personada en representación de la sociedad promotora del aeropuerto, Aerocas, de la documentación necesaria para que se pronuncie sobre la oportunidad de declarar compleja la causa. Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), que ha añadido que, de acordase esta decisión, “permitiría ampliar el plazo máximo para investigar de seis meses a año y medio”.

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Las mismas fuentes han asegurado que ambos investigados han comparecido esta mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Castellón, que trata de esclarecer presuntas irregularidades en el dinero recibido por la mercantil del expiloto en concepto de patrocinio por parte de la empresa Aerocas, la sociedad creada en 2003 para construir y gestionar el aeropuerto de Castellón. Han incidido en que ambos se han acogido a su derecho a no declarar y que la citación, por tanto, “no se ha suspendido”, contradiciendo la versión ofrecida por uno de los investigados, el propio Debón, a su salida de los juzgados.

“La vista se ha suspendido por falta de documentación, porque el juez ha pedido más información, ya que faltan muchos documentos por ambas partes”, como “contratos por parte de Aerocas”, ha confirmado el expiloto. Una versión respaldada por su abogada, que preguntada sobre la nueva fecha de citación ha añadido: “Será cuando lleguen los documentos escritos”.

Por su parte Fabra, que ha permanecido en los juzgados menos de una hora, ha indicado a su salida que entre la información adicional solicitada por la abogada del expiloto figuran “las actas del Consejo de Administración de Aerocas”.

Rodeado del habitual revuelo mediático que envuelve cada una de sus comparecencias y custodiado por la Guardia Civil, Carlos Fabra ha insistido en su escueta declaración ante la prensa, tanto a su llegada a la Ciudad de la Justicia como a su salida: “Lo que tenga que decir, lo diré a su señoría”. “Están buscando la verdad, intentaremos que prevalezca”, ha añadido tras ser preguntado por la ampliación de documentos reclamada hoy.

El juzgado de instrucción número 3 de Castellón había citado este martes a partir de las 10.00 horas al expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, que cumple actualmente una pena de cuatro años de cárcel por fraude fiscal, y al expiloto de motociclismo Álex Debón, como investigados en un presunto delito de cohecho en un patrocinio del aeropuerto.

La causa se inició a partir de una denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal el pasado mes de octubre. En ella se investigan los 3,6 millones de euros percibidos por la mercantil del expiloto en concepto de patrocinio por parte de la empresa Aerocas cuando Fabra lideraba la sociedad promotora y la base aeroportuaria de Vilanova-Benlloch era todavía un macroproyecto a años luz de estar operativo. Dicha mercantil estaba participada al 50% por la Diputación y la Generalitat Valenciana, pero en la actualidad el accionariado de la corporación provincial es prácticamente simbólico: del 1%, frente al 99% en manos del Consell.

Según han informado desde el TSJCV, desde que se abrió la causa, el juez ha ido practicando diligencias, entre ellas, “requerir a la Policía Judicial para que completara la investigación realizada por el Ministerio Público y elaborara un informe sobre el dinero que, según recoge la denuncia, recibió el deportista y los importes que este, a su vez, transfirió al expresidente de la corporación provincial”.

El exlíder del PP castellonense entró en la madrileña prisión de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014 después de que la Audiencia Provincial de Castellón le condenara a cuatro años de prisión (frente a los 13 que pedía la fiscalía) por haber estafado 700.000 euros a la Hacienda Pública entre 1999 y 2003 y al pago de una multa de 1,3 millones de euros. Desde el pasado mes de abril disfruta del régimen de semilibertad, que le obliga a pernoctar varios días en un centro de inserción social.