Fomento alude al “interés general” para negarse a traspasar Rodalies
La Generalitat insiste en la necesidad de tener el control total de la infraestructura para poder mejorar el servicio
El Ministerio de Fomento ha dado un nuevo portazo aludiendo al “interés general” a las aspiraciones de la Generalitat de asumir en su totalidad Rodalies, un servicio lastrado por los frecuentes retrasos de los trenes y las constantes quejas de los usuarios. La Generalitat asumió en enero de 2010 la gestión de Rodalies, un traspaso previsto en el Estatut de 2006 y que despertó muchas expectativas sobre la mejora del servicio. Pasados siete años, sin embargo, las competencias del Gobierno catalán —que gestiona los trenes, horarios, frecuencias de paso, tarifas y personal— se han demostrado insuficientes para dar un salto cualitativo de calidad. La Generalitat culpa de ello a la falta de inversiones del Gobierno central.
Las redes sociales se han encargado en las últimas semanas de difundir una comparecencia en el Senado del dirigente asturiano del Partido Popular, Ovidio Sánchez, donde dice no comprender las reclamaciones que se hacen desde Cataluña en relación con las deficiencias del “ferrocarril de cercanías” y sobre “las líneas que están mal”. En el vídeo se aprecia como el senador popular no hace esfuerzos para ocultar su estupefacción: “Oigan, si ustedes tienen todas las capitales conectadas con AVE”, exclama.
El alegato del senador popular ejemplifica el choque de interpretaciones que se hacen sobre el funcionamiento de los trenes de Rodalies, un servicio usado el año pasado por 117 millones de pasajeros. La Generalitat, acuciada por unos usuarios que están hartos de penurias y retrasos, admite que la situación es insostenible y culpa al Ejecutivo central. El consejero de Territorio, Josep Rull, se excusó recientemente con tener las manos atadas en lo que a administración de los trenes se refiere. Por su parte, desde Fomento se admite que hay disfunciones, pero se descarta que el modelo actual de gestión requiera de un plan de choque contundente.
La Generalitat ha pedido insistentemente el traspaso total de las competencias sobre Rodalies. “Si desde el Gobierno español no son capaces de gestionar el servicio, nosotros no eludiremos la responsabilidad”, manifestó hace meses la vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté. En una respuesta en sede parlamentaria, Josep Rull apuntó el pasado 25 de enero que el traspaso de Rodalies “es una reivindicación compartida muy ampliamente por el Parlament, la sociedad civil y el mundo municipal”.
“Mala gestión”
Desde el año 2010 la Generalitat tiene mano sobre la red de Rodalies, pero sus poderes se limitan a la fijación de horarios y de frecuencias de paso, a las tarifas y a las tareas de información a los usuarios. También controla al personal. Rull alega que no es suficiente y denuncia que allá donde hay titularidad del Estado se deriva “una mala gestión para Cataluña”. El Gobierno catalán mantiene que cuando lo gestiona directamente, el tráfico ferroviario es eficaz, ejemplificándolo con las líneas de los FGC y la de Lleida-La Pobla de Segur (Lleida), que ha aumentado el número de usuarios alrededor del 80% desde el traspaso a la Generalitat el pasado año.
El Ministerio de Fomento cuestiona que el cúmulo de calamidades que sufre el servicio vaya a arreglarse solo por el hecho de transferir las riendas a la plaza Sant Jaume. “Dicen que lo harían mejor y tenemos que creérnoslo solo porqué lo dicen ellos”, apuntan fuentes cercanas al ministro Íñigo de la Serna. En este contexto, Fomento expone que de acuerdo con la ley 38/2015, la red ferroviaria de “interés general” del Estado está integrada “por las infraestructuras ferroviarias que resulten esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio del Estado”. El ministerio considera que las líneas actualmente integradas en esta red en Cataluña cumplen esta premisa ya que sirven de enlace entre diferentes comunidades autónomas y están vinculadas a itinerarios internacionales.
El pasado 4 de enero, tras reunirse con los consejeros Josep Rull y Meritxell Borràs, el ministro de Fomento señaló que la titularidad de Rodalies no acepta discusión porqué está regulada legalmente pero, según el ministerio, Iñigo de la Serna les dejó una puerta abierta a los emisarios de la Generalitat para “compartir decisiones” en la gestión.
El Partido Popular no está solo en su defensa por la custodia estatal de Rodalies. En octubre del año pasado, el PSOE apoyó a los populares para tumbar en el Senado una propuesta de ERC para transferir a la Generalitat todas las competencias sobre los trenes. ERC contó con el apoyo del PNV, Unidos Podemos, PDECat y Compromís, pero la propuesta no prosperó debido a la alianza de populares y socialistas.
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