Un falso club de cannabis va a juicio por vender droga a menores

El nombre es ostentoso, pero acorde con su objetivo: la Asociación de Investigación Cannábica de Barcelona (ADICB) se creó en 2013 para estudiar “todas las cuestiones relativas al cannabis” desde el punto de vista “médico, científico o social”. También, para “evitar el peligro para la salud” de sus usuarios y “prevenir los riesgos” de su consumo. Todo ello, claro, sin ánimo de lucro. Nada más lejos de la realidad, según la Fiscalía, que pide penas de hasta ocho años de cárcel para tres miembros de la ADICB, una tapadera para vender droga a turistas de paso por Barcelona, incluidos menores.

Camuflar como centros de investigación locales donde se vende droga fue la primera estrategia que emplearon los llamados “clubes de cannabis” para instalarse en Barcelona y evitar el control policial, señalan fuentes judiciales. Más tarde, los promotores optaron por aludir, en sus estatutos, al cultivo y consumo compartido. Pera esa vía fue pronto taponada por la Fiscalía y los fundadores de clubes volvieron al sistema inicial. Para entonces, los tribunales ya habían castigado a los responsables de los clubes por tráfico de drogas.

Captación de turistas

Juan Carlos J. fue uno de los fundadores de ADICB. Era el tesorero. La fiscalía pide para él ocho años de cárcel por un delito contra la salud pública (con la agravante de venta a menores de edad) y otro de asociación ilícita. Y solicita otros siete años para dos miembros de la asociación —Farid R. y Kamara S.— que, presuntamente, “captaban” a turistas en la calle para conducirlos hasta el local, en la calle de Sant Pau de Barcelona.

“Incumpliendo sus finalidades”, relata la fiscalía, el local se dedicó a “la venta indiscriminada de marihuana a cualquier consumidor, especialmente extranjeros”. A lo largo del verano de 2014, los Mossos d’Esquadra constataron la “constante afluencia de personas” al local. Entre esos turistas había una chica canadiense de 17 años. Salió del local con 0,9 gramos de marihuana que había comprado por 10 euros. Además de las penas de prisión, la fiscalía pide la “disolución” de la asociación.