Puigdemont impondrá otro impuesto a los coches para contentar a la CUP

El Gobierno de Carles Puigdemont prevé crear este año un impuesto que gravará los vehículos en función de sus emisiones de dióxido de carbono. Es la gran novedad de la oferta entregada ayer por el Ejecutivo a la CUP, la última antes de que las agrupaciones de la izquierda capitalista debatan durante esta semana si son partidarias de permitir la aprobación de los presupuestos. La decisión definitiva la tomará la formación en curso del consejo político que celebrará el próximo sábado. Según el Gobierno catalán, el nuevo tributo supondrá ingresar en las arcas autonómicas 77 millones de euros anuales con carácter finalista una vez esté plenamente consolidado.

La realidad es que la Generalitat ya anunció la creación de ese impuesto el año pasado, pero preveía desarrollarlo en el marco de la elaboración parlamentaria de la nueva Ley de Cambio Climático, en la que se tendrían que concretar las características definitivas. Ahora adelanta en el tiempo su redacción y aprobación para intentar aplacar las demandas anticapitalistas en materia de fiscalidad.

Junto a ese tributo, el gabinete de Puigdemont abre también la puerta a elaborar ya la ley que regulará el impuesto sobre los activos no productivos, para evitar que empresas oculten bienes de lujo utilizados por particulares. Sin embargo, pese a las demandas de la CUP, el Gobierno autonómico no toca el impuesto de la renta (IRPF) ni los de sucesiones y patrimonio. La defensa de la cohesión interna de Junts pel Sí —el Partit Demòcrata Europeu Català se negaba a tocar alguno de esos tres impuestos— ha pesado más que las exigencias de los anticapitalistas, que al final tan solo pedían que se tocara, al alza, uno de esos impuestos cedidos.

El nuevo impuesto incluido ayer se suma a los ya pactados por Junts pel Sí y la CUP. Los 77 millones de recaudación previstos se sumarán a los 181 millones de los impuestos que el Ejecutivo autonómico sí ha incorporado en el proyecto de Presupuestos: el de bebidas azucaradas, el impuesto a grandes superficies y la tasa turística, un primer paquete fiscal que también iba en la dirección de contentar a los anticapitalistas.

El documento entregado ayer, que será la base de los debates internos de la CUP, también incorpora partidas presupuestarias por 45 millones de euros para poner en marcha la renta garantizada de ciudadanía, futura sustituta de la actual renta mínima de inserción; 140 millones de euros para incorporar 3.500 docentes más a escuelas e institutos —se suman a los 2.000 previstos ya en el anteproyecto de Ley de Presupuestos remitido al Parlament—; y la creación de nueve fondos presupuestarios, entre ellos uno para luchar contra la corrupción y la evasión fiscal y otro para cubrir necesidades residenciales de la población con dificultades económicas.

Transparencia

También en la lógica de los gestos hacia los anticapitalistas, la propuesta de ayer incorpora un compromiso de crear una auditoría de grandes proyectos de inversión, entre los que se encontrarían la línea 9 del metro y el Canal Segarra-Garrigues —dos de las obras proyectadas por la Generalitat que están inacabadas y acumulan mayores sobrecostes— y la creación de un banco de tierras en un plazo de nueve meses para asegurar el máximo “aprovechamiento” de suelos no urbanizables agrarios y forestales de la Generalitat. Esta última es otra demanda de la CUP, que

La portavoz del Gobierno, Neus Munté, se negó a aventurar ayer si se trata de la última oferta a los anticapitalistas. “Es ambiciosa y mejora los planteamientos iniciales que ya estaban muy trabajados. Ahora hay que esperar la respuesta. Estamos satisfechos y somos optimistas”, afirmó la también consejera de Presidencia. Pero el Gobierno está pendientes de las asambleas territoriales de la CUP.