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La Xunta recurre el área metropolitana y Caballero convoca a sus órganos de gobierno

El alcalde de Vigo advierte a Feijóo de que “está poniendo en juego la cohesión territorial de Galicia”

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

La Xunta de Galicia ha cumplido su amenaza al presentar este viernes por vía telemática el recurso contencioso administrativo que anunció hace dos semanas contra la constitución del área metropolitana que lleva aparejada la suspensión de todos acuerdos adoptados, incluyendo la designación del alcalde de Vigo, Abel Caballero, como presidente del ente supramunicipal.

Un desafiante Abel Caballero ya ha advertido a la Xunta que el área está plenamente operativa y seguirá estándolo por lo que su recurso no cambiará el calendario de reuniones previsto. De hecho, el alcalde ha anunciado que su junta de gobierno ha sido convocada por segunda vez para el próximo 24 de enero, una reunión en la que se abordará, entre otras cuestiones, su plan de trabajo para los próximos meses.

En una comparecencia ante los medios, Caballero ha enviado un mensaje al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el que también le advierte de que está abriendo el debate político-administrativo de Galicia al "atacar el área metropolitana de Vigo, y ha avisado de que con ello “se pone en juego la cohesión territorial de la Comunidad.”

El recurso contencioso se basa en el incumplimiento por parte de Vigo del convenio firmado para poner en marcha el transporte interurbano con los 12 municipios del área, al no integrarse la ciudad al plan de movilidad diseñado por la Xunta, por lo que pide dejar sin efecto y en suspensión la constitución del ente supramunicipal del transporte de pasajeros, el primero que se crea en Galicia.

Un informe de la Dirección Xeral de Mobilidade concluye que poner en marcha el área sin que la integración de Vigo a su red de transporte “es una transgresión legal". El letrado de la Xunta llama la atención sobre el hecho de que el convenio de integración en el plan metropolitano de transporte fue firmado "voluntariamente" por el Ayuntamiento, la concesionaria Vitrasa y la Xunta.

El Gobierno gallego solicita como medida cautelar la suspensión de todos los acuerdos y pronunciamientos posteriores a la asamblea constituyente del área que califica de "grosera”, al poner en evidencia evidente una infracción normativa.

En una comparecencia ante los medios, Caballero dejó claro que este recurso se lo toma como un ataque personal hacia Vigo y una “batalla política” del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Así ha recordado que esta ciudad nunca cuestionó decisiones como la capitalidad autonómica, la capitalidad de cada una de las provincias y la designación de A Coruña como sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o de la Delegación del Gobierno. “Pero cuando llega el momento de Vigo, capital del área metropolitana, Feijóo la cuestiona y la lleva a los tribunales, pues que se atenga a las consecuencias porque este es un debate muy complicado”, advirtió el alcalde.

El recurso alude a que Caballero haya hecho caso omiso a las advertencias de ilegalidad de la Xunta, convocando a la junta de gobierno del área. Expone que por la vía de los hechos consumados, se pretenda avanzar en el desarrollo del ente de manera que, si hay una sentencia adversa, el escenario tenga difícil recuperación". "Ya se están adoptando acuerdos que denotan que vamos a esa situación de imposible o difícil reversibilidad", señala.

También incide en que por parte de Vigo se han dado "pasos aceleradísimos" promovidos por su alcalde para avanzar en cuestiones como el plan de trabajo del área, la puesta en marcha de los comités de cooperación y de coordinación del transporte, o la comisión de ordenación del territorio y urbanismo, según informa Europa Press.

"No acordar la medida cautelar implicaría perjuicios irreparables en el sentido de que los órganos del área metropolitana comience a ejercitar sus funciones y poniendo en efectivo funcionamiento este ente local en contradicción expresa de un mandato legal taxativo", concluye el recurso.

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