La CUP desoye la negativa a elevar la fiscalidad y pide ocho tributos más
El partido reta al Govern a gravar la actividad de las eólicas y las hidroeléctricas y aprobar un impuesto a la industria agroalimentaria
La CUP hizo ayer oídos sordos a la negativa del Gobierno catalán de introducir más cambios fiscales que supongan elevar la presión fiscal. Aunque Junts pel Sí asegura que no atenderá su demanda de subir el impuesto de la renta (IRPF), de Patrimonio y de Sucesiones, la formación anticapitalista lanzó una nueva petición en materia tributaria: la creación de ocho nuevas tasas ambientales. La CUP no las exige todas, pero sí pidió al consejero de Territorio, Josep Rull, a quien aprobaron su presupuesto departamental en comisión, que elija las que prefiera.
Los anticapitalistas siguen el guion marcado. Van aprobando en comisión las cuentas de cada departamento mientras mantienen las reuniones a puerta cerrada con el Gobierno para intentar sacar adelante los Presupuestos y evitar el final de legislatura. Las comisiones parlamentarias concluirán hoy. La negociación sobre los Presupuestos se prolongará previsiblemente hasta el lunes, para dar tiempo a que las agrupaciones y las territoriales de la izquierda anticapitalista puedan tomar una decisión antes de la votación del próximo 28 de enero.
El Ejecutivo de Carles Puigdemont mantiene la máxima de que no prevé elevar la presión fiscal y la CUP, desde donde afirmaban ayer desconocer esa negativa, no prevén desmarcarse de sus objetivos, como quedó claro ayer en la comisión de Territorio. Tras acusar a Rull de “hacer trampa” en lo que se refiere a gastos asignados a patrimonio natural, retó al Gobierno catalán a incorporar a los presupuestos un nuevo paquete de tasas medioambientales, entre las que figura un impuesto a la industria agroalimentaria, sector en el que Cataluña tiene tradición y empresas de peso. Según datos de la Generalitat, emplea a 75.000 trabajadores y genera 25.000 millones de euros de negocio cada año.
“Les proponemos ocho nuevas tasas, ustedes deciden cuáles escogen”, indicó la diputada de la CUP Mireia Boya. Se trata de un abanico de impuestos que propone gravar la actividad de las eólicas y las hidroeléctricas, poner cánones a los barcos mercantes por atracar en los puertos o cobrar por las emisiones de carbono a la atmósfera.
Sin partidas para la renta de ciudadanía
La consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, explicó ayer en la presentación del presupuesto de su consejería que no hay una partida para la renta garantizada de ciudadanía “por respeto” a la tramitación parlamentaria de esta ayuda. El debate sobre la renta está encallado por las diferencias entre la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que la llevó a la Cámara catalana y la oferta del Gobierno. Las cuentas del departamento ascienden a 2.872 millones de euros, un aumento del 6% con respecto al anterior. Más de la mitad del dinero se dedicará a sufragar la Ley de Dependencia, a la que la Generalitat aporta el 80% del gasto total. La oposición le afeó a Bassa que reduzca partidas como las de los cuidadores profesionales.
Castigo a las macrogranjas
El impuesto a la industria agroalimentaria afectaría sobre todo a las macrogranjas, que, según Boya, “son el segundo foco de emisión de gases invernadero, por detrás del tráfico”. La CUP mantiene que la propuesta no le puede sorprender al gabinete de Carles Puigdemont porque ya la presentaron en la tramitación de la ley por el cambio climático. “Hay que hacer algo para frenar estas emisiones y por eso vemos la conveniencia de atacar las macrogranjas de engorde intensivo”, dijo la diputada anticapitalista Mireia Boya. También tuvo reproches para las corporaciones alimentarias que incentivan este modo de negocio. “Todo el mundo piensa en Casa Tarradellas o Àrea de Guissona, pero hay más”, concedió. Los cupaires dejarían fuera de la tasa a los pequeños productores y a aquellos que operan bajo los estándares de calidad ecológicos.
Fuentes del Departamento de Territorio explicaron que estudiarían las medidas propuestas, pero el Gobierno manifestaba ayer su intención de no moverse. Tras un encuentro, ayer por la tarde, en el que participó el vicepresidente económico, Oriol Junqueras, se emplazó a mantener otro encuentro hoy viernes. El Ejecutivo se niega a aceptar la propuesta de modificación del IRPF planteada por la CUP, que supone elevar un 1% el tipo aplicado a las rentas de más de 90.000 euros. Su implantación supondría un coste de 22 millones de euros.
Ambiente preelectoral
Mientras ese capítulo está congelado, se intenta alcanzar un acuerdo en materia de enseñanza (becas comedor y ayudas para guarderías) y de renta de garantía de ciudadanía. Y ayer surgió desde el Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) un posible tíquet electoral para acudir a unas posibles elecciones catalanas. Esa apuesta, defendida por diferentes fuentes de la formación, supondría que Artur Mas encabezara la lista de Barcelona y Carles Puigdemont, que ha dicho que no quiere repetir, la de Girona. Fuentes del partido señalaron que esa propuesta no ha sido analizada por la dirección del partido, por lo que le restaron valor. Un aviso, quizás, de que la falta de entente supondrá avanzar las elecciones.
