El presunto cabecilla del ‘caso Guateque’ pidió cinco millones “en broma” a un intermediario

Alrededor de las 10.00 horas, Ceballos comenzó a responder las múltiples preguntas del fiscal, la mayoría relacionadas con supuestos amaños en las licencias de locales, sobre todo de ocio nocturno, bares y restaurantes. El acusado aseguró que en el momento de los hechos -hace casi 10 años- trataba con gestores como Antonio Sanz Escribano o Benjamín Valledor, ya fallecido. A Ceballos se le preguntó en concreto por una conversación telefónica con Valledor en la que este le ofrecía 2.000 euros por emitir una licencia favorable para un local. "Jamás he propuesto sobornar a un compañero para un fin ilegal. Benjamín me la tenía jurada porque una vez le denegué una licencia", explicó visiblemente alterado. A su vez, el presunto cerebro del caso afirmó que cuando Benjamín le hablaba de dinero por teléfono no hacía caso a sus ofrecimientos contestándole con monosílabos y le escuchaba "como quien oye llover".

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"Yo llevo 35 años en la función pública. Para la gente de la calle todo aquel que ha tenido poder se le dice que es un corrupto", se justificó el acusado. A su vez, Ceballos reconoció haber hablado de dinero con los intermediarios que le solicitaban cambios de licencias. El procesado puso el ejemplo de una conversación telefónica con el intermediario Julián Rubén -que gestionaba un local en la carrera de San Jerónimo- en la que supuestamente le pedía dinero "en broma" con la intención de escarmentarle. "Un día vino Julián Rubén diciéndome que tenía un cliente que quería poner un restaurante-espectáculo y yo sabía que la concesión de la licencia no era posible. Pero este gestorcillo iba diciendo a la gente que yo comía de su mano, entonces llamé al dueño del local y le dije que le iba a pedir dinero por la licencia. Unos cinco millones", explicó. Ceballos también aclaró que su intención era "urdir patraña".

Por otra parte. el acusado fue interrogado sobre una supuesta conversación con David, un gestor de un local en la zona de Azca, en la que hablaban de "repartirse un kilito" por la concesión de una licencia para un local. "Ni se me pasa por la imaginación que David me estuviera hablando en serio", afirmó con rotundidad. 

Tras 15 minutos de receso, se leyeron en voz alta las declaraciones sobre el caso que Benjamín Valledor hizo en vida. Valledor admitió en su momento que le pagó 2.000 euros a Ceballos por la concesión de una licencia y negó ser parte de una trama organizada. A continuación, comenzó su declaración  Antonio Sanz Escribano, visiblemente nervioso. Tras defender su inocencia, matizó que contestaría a las preguntas de todas las partes salvo aquellas que estuvieran relacionadas con conversaciones grabadas. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando el fiscal le preguntó por un testigo protegido con el que se relacionó por una licencia de apertura de un local en la calle de Albuquerque. "Este señor era un falso testigo. Ustedes le llaman testigo protegido, pero de protegido tiene poco", afirmó enfadado.

Sanz también habló sobre las cantidades de dinero que daba a aquellas personas como retribución por darle clientes. El procesado fue preguntado por dos casos, en los que se le relaciona con los también acusados Sara López y Juan Antonio Montesinos, ambos exfuncionarios de la junta de distrito de Chamberí. Según la fiscalía, a Sanz se le acusa de haber pagado 2.500 euros a López por agilizar los trámites de una licencia para una clínica y 1.600 euros a Montesinos como agradecimiento por haberle mandado a unos empresarios que querían abrir un nuevo local en Madrid como clientes. "Tienen ustedes una capacidad de fabulación tremenda, todo es falso. Yo esas cantidades las di porque estaba agradecido de que me mandaran a nuevos clientes, no por cohecho", aclaró. Por último, el acusado añadió que Ceballos no ha tenido nada que ver con ningún asunto suyo y que ambos no se podían ni ver. 

Mañana se celebrará una nueva sesión del juicio a las 10.00 horas, en la que declararán la exfuncionaria del distrito de Chamberí, Sara López Moreno; el exfuncionario adscrito a la Gerencia de Urbanismo, Carmelo García Sánchez y el arquitecto y socio de Sanz Escribano, Jesús Vicente García Martín.