Las empresas públicas valencianas deben revelar su plantilla y salarios
Los jueces obligan al Ejecutivo autonómico a difundirlo a petición de UGT, que busca acabar con enchufados
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado al Gobierno autonómico a revelar el número de empleados, los cargos, los salarios y las formas de acceso al puesto de los trabajadores de cinco empresas públicas. Lo hace a petición del sindicato UGT del País Valenciano, que acudió a la vía judicial para tratar de averiguar cuántos enchufados hay en las sociedades de la Generalitat valenciana, a las que habrían accedido sobre todo durante las dos décadas en que estuvo dirigida por el PP.
La condena recae, sin embargo, en el Ejecutivo autonómico que comparten socialistas y Compromís desde 2015, que no ha revelado la relación de puestos de trabajo de estas cinco empresas públicas pese a que, según señalan los jueces, es una obligación legal, tal y como ha adelantado este martes El Mundo.
En una sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia da un plazo de dos meses a la Generalitat, a contar desde el fallo fue dictado, el 16 de noviembre, para ofrecer la relación de puestos de trabajo reclamada por la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV en las empresas públicas Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía, Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos S.A.
La sentencia señala que la relación de puestos de trabajo de las empresas propiedad de la Generalitat "es pública, y ha de incluir todos los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, laboral y eventual existentes". "Todas las entidades demandadas tenían obligación de publicar las relaciones de puestos de trabajo, tal y como las mismas reconocieron en el acto del juicio", "sin que la complejidad de su realización por el personal afectado y su distinto régimen jurídico, pueda justificar esa falta de publicación atendiendo, al propio tenor de la normativa transcrita".
Los magistrados Francisco José Pérez, Teresa Pilar Blanco y Ascensión Olmeda agregan que la obligación de publicar los puestos de trabajo "es pura", sin que pueda condicionarse a la "necesidad de una tramitación y un pacto con los representantes de los trabajadores".
El secretario general de Administración y Justicia de la Federación de Empleados y Empleadas de Servicios Públicos de UGT del País Valenciano, Gonzalo Fernández, afirma que el sindicato va a vigilar el cumplimiento de la sentencia.
"Ya hubo un incumplimiento por parte del Partido Popular a la hora de facilitar información sobre el sector público de la Generalitat, que durante su etapa se convirtió en un coladero de enchufados. Y estos siguen estando allí, pendientes de pasar la oposición a la que nunca se han presentado", mantiene Fernández.
En el caso de la nueva Administración, el dirigente sindical considera que no hay "mucho ánimo o no se atreven" a difundir la información. La Generalitat ha justificado el retraso argumentando que implica un importante esfuerzo, en parte porque las plantillas de algunas sociedades tienen condiciones y convenios diferentes al proceder de empresas públicas distintas que fueron unificadas por el anterior Ejecutivo autonómico.
González cree los datos que ahora deberá publicar el Gobierno valenciano revelarán que muchas personas accedieron a sus puestos sin demostrar mérito y capacidad, y que algunos de ellos perciben retribuciones desmesuradas.
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