Junts pel Sí y la CUP pactan la ley para amparar el referéndum

Junts pel Sí y la CUP, que tienen mayoría en el Parlament, han anunciado este jueves un acuerdo para redactar la llamada ley de transitoriedad jurídica que deberá amparar el referéndum sobre la independencia acordado por la Cámara catalana el pasado octubre y prometido por Carles Puigdemont para septiembre de 2017. El pacto se produce pese a que el Tribunal Constitucional ha suspendido ese acuerdo para el referéndum y la constitución de las ponencias para redactar las tres leyes de ruptura, entre ellas la de transitoriedad jurídica.

El acuerdo parlamentario entre Junts pel Sí y la CUP fue anunciado por ambas formaciones de manera separada a través de un comunicado de prensa idéntico remitido al mismo tiempo. Los dos grupos independentistas explican que han logrado “un acuerdo político global” sobre la ley de transitoriedad jurídica, una de las tres normas para “desconectar de España” que ambas formaciones anunciaron en enero que redactarían.

Las otras dos leyes de desconexión son la de la hacienda pública y la de la seguridad social catalanas. Ninguna ha sido debatida ni aprobada en el Pleno del Parlament, pero el Tribunal Constitucional suspendió la semana pasada el inicio de los trabajos para redactarlas porque consideró que la creación de ponencias con la sola participación de dos de los seis grupos de la Cámara vulnera los derechos de los diputados no independentistas. La resolución del Constitucional advertía también que serían ilegales las consecuencias derivadas del trabajo de dichas ponencias.

El objetivo de la ley de transitoriedad jurídica es diseñar el marco legal que se aplicará en Cataluña desde el momento que se declare la independencia hasta que funcione con plena normalidad el supuesto Estado catalán. La norma acordada entre Junts pel Sí y la CUP define Cataluña como “una república de derecho, democrática y social” y asegura que pretende “garantizar la máxima seguridad jurídica en la transición a la República una vez ganado el referéndum por la independencia” que aún no se ha celebrado.

La ley contiene un preámbulo, ocho epígrafes y unas disposiciones finales y de inaplicación”. En ellos se aborda la sucesión de ordenamientos jurídicos, los derechos y deberes, el poder judicial, las finanzas y las normas españolas que no se aplicarían en ese tiempo de transitoriedad, entre otros aspectos. Se trata, dicen ambas fuerzas independentistas, de “habilitar a las instituciones públicas catalanas de las herramientas para el ejercicio del derecho a la autodeterminación”. Junts pel Sí y la CUP aseguran que están trabajando en los diferentes escenarios “con el fin de incorporar el mayor número de fuerzas políticas en la preparación y convocatoria del referéndum.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, prometió que la consulta se celebraría, a más tardar, la segunda quincena de septiembre de 2017. En el más que improbable caso de que fuese pactada con el Gobierno central no habría problemas de legalidad, pero, de no ser así, sería convocada de manera unilateral al amparo de la ley catalana. Por ese motivo, Junts pel Sí y la CUP advierten de que el referéndum “está pendiente de concretar”, probablemente a la espera de definir si será unilateral.

El Gobierno español ha insistido en los últimos meses de manera reiterada en que no permitirá la celebración de ese referéndum, a diferencia de lo que sucedió con el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, que fue tolerado. La ley que permitió aquella consulta y la propia consulta fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, pero el entonces presidente Artur Mas desoyó la resolución y en febrero será juzgado por ello junto a sus consejeras Irene Rigau y Joana Ortega.