Ahora Madrid y PSOE aprueban el reglamento de la oficina municipal anticorrupción

El pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este viernes el reglamento de la futura oficina municipal contra el fraude y la corrupción, que empezará a funcionar previsiblemente a partir de 2017. El reglamento ha sido aprobado gracias a los votos de los socialistas y de Ahora Madrid, la formación que gobierna la ciudad. Ambas formaciones califican la oficina de "avance" en la lucha contra la corrupción. El PP y Ciudadanos, que han votado en contra, han criticado este organismo, considerando que vulnera los derechos de confidencialidad de los funcionarios y puede convertirse en un instrumento "inquisitorial".

La votación sobre el reglamento de la oficina contra la corrupción, una de las promesas electorales del PSOE asumida por el equipo de Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha tensado el debate en el pleno del Ayuntamiento. Los representantes de Ahora Madrid y PSOE han defendido la necesidad de esta oficina para luchar contra la "lacra" de la corrupción en la administración local. El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, ha sostenido que la corrupción supone un problema muy presente y que la oficina nace con el objetivo de ampliar los mecanismos de denuncias y de investigación.

La socialista Purificación Causapié también ha defendido este argumento y ha incidido en la relación existente entre la lucha a la corrupción y la defensa de la democracia. "O acabamos con la corrupción o la corrupción acabará con la democracia", ha afrimado. Con una oficina de estas características, ha sostenido Causapié, redes de corrupción como la Púnica se habrían descubierto antes.

El PP y Ciudadanos han arremetido, sin embargo, contra el ente, que consideran inquisitorial de la actividad de los funcionarios. El concejal popular Percival Manglano, del partido que lidera en Madrid Esperanza Aguirre, ha sostenido que el gobierno municipal ha "pervertido una buena idea". "Quieren un justiciero ideológico para impartir su justicia", ha destacado, subrayando que el futuro director o presidente del organismo no será un funcionario y que se elegirá por mayoría simple del pleno y no calificada de dos tercios.

Por su parte, Silvia Saavedra de Ciudadanos, ha afirmado que la oficina podrá investigar a los trabajadores municipales entrando en sus ordenadores y documentos sin previo aviso. "Podrá suspender la confidencialidad de sus investigaciones, en casos de excepcionalidad", ha denunciado la edil de la formación liderada en Madrid por Begoña Villacís. "Esto es una barbaridad, van a aprobar la oficina tenebrosa y del miedo", ha afirmado Saavadra, mientras que Manglano ha advertido: "Mucho cuidado con las falsas denuncias. Mucho cuidado con crear policías políticas incentivadoras de falsos chivatazos".

Temores de los sindicatos

Los artículos del reglamento aprobado este viernes y más cuestionados por la oposición hacen referencia a la posibilidad de la oficina de investigar todo tipo de funcionario, tras recibir una denuncia anónima por parte de particulares o colectivos. En sus actuaciones, el nuevo organismo actuará de forma autónoma y en el caso de detectar irregularidades deberá informar a las autoridades judiciales. No obstante, podrá seguir con sus investigaciones en el caso de que estas mismas autoridades las archiven.

La oficina realizará visitas a los centros de trabajo "sin previo aviso" y pedirá explicaciones a los funcionarios sospechosos de haber cometido algún tipo de fraude (el texto no especifica la categoría de fraude), que podrán declarar "con asistencia letrada". Los trabajadores que demuestren una "actitud hostil" ante una investigación podrán ser "objeto de un informe especial", que será "destacado en la memoria anual", reza el documento.

El artículo 20 del reglamento especifica: "La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de las actuaciones de inspección de la oficina por parte de cualquier autoridad, directivo o empleado municipal podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de la memoria anual, sin perjuicios de las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar".

Tras conocerse el primer borrador del reglamento, que adelantó EL PAÍS, los sindicados CSIF, UGT y CCOO denunciaron que el Ayuntamiento no había debatido con las centrales dicho texto. Además, manifestaron sus dudas sobre los efectos colaterales que dicho organismo podría generar en la administración local. CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, mostró su preocupación sobre la posibilidad de que la oficina promueva una "caza al funcionario". UGT sostuvo que la oficina, tal y como está diseñada y hoy aprobada, puede generar una "inquisición" municipal.