Entre las ‘startups’ y la CUP

El efecto palanca de la CUP en los presupuestos generales de la Generalitat distorsiona con más esquizofrenia el momento político catalán. El precio del apoyo parlamentario necesario para el mantenimiento de Carles Puigdemont en la presidencia de la Generalitat va a ser muy elevado y de forma especialmente tan vejatoria como perjudicial para quien tenga una pequeña empresa, sea un actor mayor o menor en la economía productiva de Cataluña y haya votado a Junts pel Sí. En este tipo de situaciones, es casi inevitable que el socio minoritario se salga algo más beneficiado en sus reclamaciones programáticas que el socio mayoritario cuya precariedad le hace tan vulnerable en cada votación parlamentaria. Pero las prerrogativas del socio minoritario han de atenerse al límite que la realidad requiere. Está ocurriendo todo lo contrario: las imposiciones de la CUP implican políticas fiscales, alteraciones estratégicas y acciones presupuestarias de carácter no solo muy focalizado y clientelar sino que enfrenta una concepción anti-economía de mercado muy minoritaria con los intereses de la mayoría que, sobre todo, necesita de crecimiento sostenible y oportunidades laborales. Es una de las contradicciones actuales: toda la trayectoria económica de Convergència —amalgamada ahora en Junts pel Sí— queda hipotecada por los diez escaños de la CUP. Eso también vale para las sucesivas actuaciones de transgresión institucional más que provocativa que la CUP perpetra y que Puigdemont endulza.

Para mantener la exigencia de máximos, un grupo político necesita de un amplio margen de representación y no es el caso de la CUP. Como es sabido, de un total de 4.114.244 votos válidos, la CUP obtuvo 337.794. Es la franja del 8% en la que coincide, voto más o escaño menos, con Catalunya Si que es Pot i el PPC. Evidentemente, la CUP no recibió un mandato electoral que le permitiera llevar a cabo sus políticas, ni plantearlas en régimen de igualdad en un pacto parlamentario con el grupo de Junts pel Sí. Es más: de haberlo consultado antes de las elecciones con su conglomeración asamblearia hubiese recibido un notorio rechazo. En circunstancias de esta naturaleza es cuando los entresijos de la negociación presupuestaria exigen la máxima transparencia y más cuando el socio minoritario aboga radicalmente por la democracia directa aunque ocupe escaños que son el núcleo formal de la democracia representativa. Evidentemente, adquiere elementos de lógica propia si se considera que el objetivo de la CUP no es la política sino la antipolítica.

Aunque sea la clave de la cuestión, dejando aparte el proceso secesionista nos vemos ante una coyuntura en la que con diez escaños se pretende alterar el consenso que es constitutivo de la economía de Cataluña. Por ejemplo: ¿qué incentivos desea la CUP para el auge de la biotecnología que es uno de los frentes más innovadores de la iniciativa empresarial catalana, con resultados que están atrayendo la llegada de inversores? Otro ejemplo es el alto potencial de crecimiento de las startups, un nuevo componente del tejido económico, excepcionalmente dinámico en estos momentos y con un horizonte emprendedor aún con más futuro. Hay un mundo de puestos de trabajo, de cualificación profesional y de innovación más allá de los postulados anti-sistema de la CUP y de los intereses de sus poco más de trescientos mil votantes.

Este factor da pie a aplicar a la vida política catalana el principio de entropía, como contribución negativa. Algunos analistas lo relacionan analógicamente con lo que los físicos llaman la entropía de los sistemas cerrados. Puede ser una explicación de lo que ocurre en Cataluña: de una parte, un sistema político cerrado y de la otra un sistema económico abierto que aporta más al bien común —en puestos de trabajo, por ejemplo— que una política autista, en el sentido de que —según esta hipótesis— el nivel general baja a causa de que el grado de organización de un sistema cerrado tiende a degradarse con el tiempo. Es decir, el sistema político en oclusión acaba dañando las opciones del sistema económico abierto. Esa contracción puede dudar hasta quien sabe cuándo. No es lo mismo proponer regulaciones y reformas del sistema económico que postular su anulación, con los efectos regresivos que eso significa para una sociedad que, como la catalana, sabe lo que son la industria y el comercio, la iniciativa privada y la búsqueda de nuevos mercados. Algo tendrá de bueno este sistema cuando sus contendientes solo tienen trescientos mil votos.