El Gobierno y el PDECat rebajan la tensión ante la celebración del 6-D

El Parlamento y la Generalitat han evitado incluso el debate y se han negado a abrir sus dependencias, aunque previsiblemente tanto los cargos electos del PDECat como los de ERC tendrán agenda pública el próximo martes. Los antiguos convergentes tendrán libertad para hacer lo que crean más conveniente, pero los miembros de la ejecutiva marcarán perfil con su participación en alguna actividad pública. Los 2.300 concejales de ERC lo tendrán que hacer de forma obligada, aunque su actividad no tendrá que desarrollarse en sus despachos. Pero una cosa es que los diputados o ediles trabajen el 6 de diciembre y otra que se haga una llamada a empleados públicos para que también acudan a sus puestos de trabajo en día festivo.

La incomodidad que provocaba en el Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) la posibilidad de hacer una llamada a esos funcionarios para que acudieran a sus empleos en administraciones públicas el próximo martes era evidente. Y la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, lo ha manifestado en diversas ocasiones. Uno de sus concejales encontró una alternativa: hacer una llamada para que todos los cargos electos participaran en actos sociales, cívicos o solidarios el 6 de diciembre. Desde la recolección de juguetes hasta pintar bancos de un municipio, en una acción más gestual que de desobediencia.

La propuesta fue aceptada por la ejecutiva de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que también ha propuesto, al final de esos actos, la lectura de un manifiesto en la que se señalará la Constitución como “una prisión para la democracia”. Esquerra ha asumido la propuesta con el objetivo de evitar la escalada de tensión vivida el pasado 12 de octubre, día de la Hispanidad.

La imagen de Badalona

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha optado por la misma vía de no encender más los ánimos con el bloque independentista. El contexto, con la intención de reconstruir puentes, ha cambiado. Millo ha evitado tomar el camino de su predecesora, Llanos de Luna, quien denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la decisión del Gobierno municipal de Badalona de abrir las puertas y llamar a sus empleados públicos a que trabajaran ese día a cambio de celebrar otra jornada festiva. Esa denuncia facilitó la imagen del edil Josep Téllez rompiendo ante las cámaras una orden judicial para que no se abrieran las instalaciones municipales. Ese gesto no se podrá repetir. “El 7 de diciembre ya veremos qué habrá que hacer, pero los cargos electos están en su derecho de trabajar, otra cosa son los funcionarios”, señalaban ayer fuentes de la Delegación del Gobierno.

Con la búsqueda del entendimiento en la que se encuentra el Gobierno central, es poco probable que la Delegación del Gobierno denuncie de oficio a los ayuntamientos que, como otros años, han decidido mantener la actividad municipal en los Consistorios durante el Día de la Constitución. La CUP, con una treintena de gobiernos municipales, y Demòcrates de Catalunya —escisión independentista de Unió que controla otros 21— son las dos únicas formaciones que han apelado a los funcionarios a trabajar si así lo desean.

Pese a que el Gobierno ha atenuado sus intenciones de entrar en conflicto con el independentismo, desde la CUP, ayer, albergaban dudas de que el nombramiento de Millo para sustituir a Llanos de Luna vaya más allá de “un cambio de caras”. El regidor anticapitalista de Barcelona, Josep Garganté, subrayó que el delegado del Gobierno acata “las órdenes que recibe del Gobierno central y se dedica a acatarlas”.