Un jurado declara culpable de malversar a la exalcaldesa de Serranillos

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado por unanimidad que la exalcaldesa de Serranillos del Valle Olga Fernández (2003-2011) malversó fondos públicos. Falta por conocerse la sentencia, pero el fiscal, en el juicio que se celebró la semana pasada, pidió para ella dos años de prisión, suspensión de empleo o cargo público durante ese mismo periodo de tiempo y una multa de 1.080 euros. La hoy portavoz del PP en el Ayuntamiento de la localidad (3.900 habitantes) gastó 370 euros en dos bolsos de Purificación García con la tarjeta municipal.

La acusada, que está imputada (ahora denominado "investigada") en el caso Púnica, argumentó en el juicio que los bolsos no eran para ella, sino para dos funcionarias de la Comunidad de Madrid que habían agilizado unos trámites al Ayuntamiento. "Regalos de protocolo".  En los últimos nueve meses de mandato, según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS en 2011, gastó 8.400 eurosen muebles y utensilios de cocina en Ikea, un ordenador portátil y un Ipad comprados con un mes de diferencia. Antes del juicio, Fernández ha sido capaz de justificar esos gastos, pero no los bolsos.

Olga Fernández, que ganó las elecciones en 2015 pero sin mayoría para gobernar, encabeza la oposición y no ha sido apartada del cargo por el PP pese a su imputación en Púnica y el caso de los bolsos. El código ético del partido dice que los presidentes del PP en la región, como Fernández, “renunciarán voluntariamente al cargo” si son “investigados formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social”. Desde el PP regional afirman que el tema "se va a tratar en el próximo Comité de Derechos y Garantías y se va a pedir su la suspensión cautelar de militancia y que entregue el acta de concejal".

La exalcaldesa fue denunciada en 2011 por Antonio Sánchez, el regidor independiente que la sucedió -también imputado en Púnica por amañar contratos- y Fernández adujo entonces que todo lo comprado respondía a necesidades del municipio, como material para la guardería, el belén viviente o la cocina del centro de menores. Sánchez renunció al puesto al ser imputado, y su sucesora, Belén Cruz, aprovechó el fin de su mandato para vengarse de Olga Fernández en un bando municipal, acusándola de “reírse de los vecinos y lucirse”.

El independiente Iván Fernández, nuevo alcalde de Serranillos, ha denunciado a Olga Fernández ante la fiscalía por dar una subvención de 29.415 euros para edificar una plaza que, sin embargo, ejecutaron los operarios municipales sin que interviniera ninguna empresa, según la acusación. El regidor ha encontrado, además, un pago del Ayuntamiento de 3.000 euros por un master de urbanismo que Olga Fernández cursó en 2001, siendo ella concejal y su padre, Evelio, alcalde. Entre ambos gobernaron 30 años. “Pasó en 2001, el caso ha prescrito”, explica el regidor actual.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica, sospecha que Fernández utilizó sus contactos políticos para que a Recuperaciones Oasis, la empresa para la que trabajaba, le diesen un contrato sin tener trabajadores o estar inscrita en la Seguridad Social. Oasis hace negocio con la ropa que los ciudadanos donan en los contenedores para personas necesitadas.

 Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Olga Fernández..