La Generalitat abre expediente sancionador a Gas Natural por el caso de la anciana de Reus

La batalla jurídica entre la Generalitat y Gas Natural por la muerte de una mujer a la que habían cortado la luz en Reus arrancó ayer. El Departamento de Empresa y Conocimiento anunció la apertura de un expediente sancionador contra la empresa por considerar que no ha justificado por qué no avisó a los servicios sociales antes del corte de los suministros, tal y como fija la ley catalana contra la pobreza energética. Gas Natural, en su escrito de información a Empresa, argumentó que no remitió la notificación porque no existe un reglamento que fije cómo debería ser la comunicación de estos casos.

El monto de la sanción solo se conocerá cuando la Generalitat cierre el expediente —para lo que tampoco hay un tiempo definido— pero las entidades sociales reclamaron que se imponga la máxima establecida por la ley, de un millón de euros. Esta cuantía, sin embargo, se reserva para cuando hay reincidencia en el incumplimiento de la norma. Entidades sociales, Generalitat, entes locales, sindicatos, movimientos sociales, banca y empresas suministradoras se encontraron ayer en la reunión de la Mesa de Emergencia en el Ámbito de la Vivienda y la Pobreza Energética.

El secretario de Empresa de la Generalitat, Joan Aregio, recordó tras la reunión que el expediente sancionador por un “corte indebido” tendrá un camino muy largo, ya que Gas Natural tiene la posibilidad de recurrirlo mediante un contencioso administrativo. Desde que fue aprobada la ley, en 2015, la Agencia Catalana de Consumo ha abierto 115 expedientes y ha impuesto 25 sanciones, cuatro de las cuales se han recurrido. Endesa, la suministradora con el mayor número de clientes, es la empresa que más multas tiene y no hay registrada ninguna a Gas Natural.

El juez, si la suministradora decide recurrir, tendrá que dirimir entre otras cosas si la ley es lo suficientemente clara como para necesitar o no un reglamento —el Ejecutivo catalán defiende que no— o si el protocolo de despliegue de la norma publicado por Consumo en noviembre del año pasado carece de validez —como dice la suministradora—.

Empresa aseguró ayer que el 20 de noviembre de 2015 recibió una carta de Gas Natural en la que pedía conocer cómo aplicar la ley contra la pobreza energética. De acuerdo con la Generalitat, el 10 de diciembre se colgó en la web de Consumo el protocolo de despliegue y doce días después se notificó a la suministradora que en dicho documento se detalla el procedimiento a seguir.

La patronal eléctrica presentó un recurso contra el texto en octubre pasado. La Vanguardia publicó ayer parte del acta de la anterior reunión de la Mesa de Emergencia, en junio pasado, en la que representantes de la Generalitat aseguraron que estaban trabajando en el protocolo de aplicación, pero no en un reglamento. Las suministradoras no hicieron ninguna objeción, recogen las mismas actas.

Aregio también se refirió a los convenios con las empresas que fija la ley y en los cuales se debe señalar cómo ayudarán a pagar las facturas de los vulnerables, a fondo perdido. El secretario anunció que enviará un escrito final a las grandes suministradoras y que, si pasado un tiempo “prudencial y lógico” no se llega a ningún acuerdo, se buscarán otras medidas para que la ley se cumpla.

La Alianza contra la Pobreza Energética criticó que hasta ahora la Generalitat no haya valorado propuestas le hizo cuando se aprobó la ley, como la inspección de oficio a las suministradoras para saber si cumplen con la norma. “Es lamentable que la Generalitat actúe cuando ya hay un muerto, porque llevamos 16 meses alertando de que se está incumpliendo la ley”, criticó su portavoz, María Campuzano.

Bono social

La tragedia de Reus también llegó ayer al Congreso. En la sesión de control, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció que hoy se reunirá con todos los grupos parlamentarios para desatascar la reforma del bono social. “El bono lo debe pagar el sector”, aseveró Nadal, que anunció que el Estado ha impugnado la sentencia que anula la fórmula de financiación. El ministro, recordó que los casos de “vulnerabilidad severa” son competencia de los entes locales y pidió más interrelación.