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VIOLENCIA DE GÉNERO

La Junta refuerza la protección en la ley contra la violencia machista

La norma amplía los recursos a los hijos de maltratadas y víctimas de trata o guerras

La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, en el Palacio de San Telmo.
La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, en el Palacio de San Telmo.

Ser víctima de violencia de género no quedará limitado a las mujeres maltratadas, el estatus se ampliará en Andalucía a aquellas afectadas por explotación sexual, de trata, de acoso y agresión sexual, a las que sufran mutilación genital, a las que pertenezcan a matrimonios forzados o precoces, a las derivadas de conflictos armados o las de ciberviolencia. También serán considerados víctimas de violencia de género los hijos de las mujeres maltratadas, como ya recoge la Ley de Protección de la Infancia, según se ha aprobado este martes en un anteproyecto de ley presentado al Consejo de Gobierno.

Ser víctima de violencia de género en Andalucía supone disponer de medidas, recursos y prestaciones para la protección, el alojamiento, con facilidades para el acceso a empleos o la universidad, ayudas, atención psicológica... una serie de resortes asistenciales y de prevención que apoyan a las mujeres frente a un hombre que vulnera sus derechos fundamentales como persona. Una consideración recogida en la ley vigente de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la violencia de género, de 2007, y sobre la que está previsto ampliar el concepto. 

"El anteproyecto es para una ley avanzada, comprometida, que se adapta a la realidad de muchas personas. Va más allá del ámbito de pareja y expareja", ha declarado la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, tras la aprobación del texto este martes en el Consejo de Gobierno. "Las propuestas se adaptan a la normativa europea a través del Convenio Europeo de Estambul y va en la línea del pacto de Estado propuesto desde Andalucía a las Cortes", ha añadido la consejera, que considera "vital" el acuerdo de Estado para no entrar "en cadenas de errores".

A la ley vigente se le incluye también el derecho a recibir una atención adecuada sin interposición de una denuncia, algo que ya se aplica, y también se regula el Plan Personal de Seguridad para las víctimas, que consiste en coordinar los recursos para optimizar su atención, además de incidir en una ventanilla única para facilitar las gestiones.

Por otro lado, el informe anual de 2015 contra el maltrato a las mujeres en Andalucía, revela que la Junta atendió a más de 2.000 víctimas en peligro de muerte, que el Instituto Andaluz de la Mujer prestó sus servicios a 21.316 usuarias y respondió a 6.000 consultas jurídicas. Los 18 juzgados especializados registraron más de 26.000 procedimientos, y 3.500 mujeres fueron derivadas al Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA). Hubo además 5.000 partes de lesiones, un 24% más que en 2014.

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