Daniel Blake, en Reus

Rosa, la mujer de 81 años que hasta la madrugada del pasado lunes vivía en Reus, murió víctima de la burocracia y la ley del más fuerte. La situación tiene cierto paralelismo con la que plantea el film de Ken Loach, Yo, Daniel Blake. La película explica cómo unos servicios públicos privatizados —esa entente cordial que inició el thatcherismo y continuó el blairismo— meten a un carpintero de Newcastle en un callejón sin salida. Tanto en el caso inglés como en el catalán, se evidencia cómo la combinación de un Estado del bienestar destazado y en retirada y un voraz y amoral mercado arruina y acaba con vidas.

Cataluña tiene su ley de Pobreza Energética surgida de una iniciativa legislativa popular. El texto consta de dos partes: una suspendida por el Tribunal Constitucional y relativa a los desahucios y a la vivienda, y otra en vigor que tiene como objetivo ayudar a las personas que no pueden hacer frente a los recibos de agua, gas o electricidad. Aunque el relato soberanista argumenta que el Gobierno central impide con sus recursos al Constitucional que Cataluña combata la pobreza energética, esa no es toda la verdad.

Estamos ante una conocida historia: la política no dirige la economía. Todo se complementa y encaja: el gigantismo de las grandes compañías, la jibarización de lo público y las célebres puertas giratorias que tanto seducen a los políticos retirados. En el colmo de la perversión, el eléctrico es un sector regulado. El Gobierno central es quien autoriza sobre el papel la subida de la factura de la luz, que en los últimos 10 años —hasta 2015— se ha incrementado en un 84%, según afirma la Alianza contra la Pobreza Energética.

Ante este panorama, no es de extrañar que el Ejecutivo de la Generalitat se encoja y solo haya impuesto 18 multas desde que la ley entró en vigor el año pasado: todas ellas por la cantidad mínima de 10.000 euros. En este país, un 10% de la población tiene problemas para mantener sus hogares a una temperatura adecuada durante el invierno. Hay una ley aprobada y en vigor para defenderlos, pero ayuntamientos y movimientos sociales ven temor reverencial a la hora de aplicarla. Consideran que desde la Generalitat se ha hecho escasa publicidad de los derechos que comporta para los ciudadanos.

Y es que el giro de la vieja Convergència para pasar de business friendly a casual leftly va a trompicones. Como decía Mark Twain refiriéndose a Estados Unidos, en nuestro país poseemos tres dones divinos infinitamente preciosos, la libertad de expresión, la libertad de consciencia y la prudencia para no ejercer jamás ninguna de las dos. Por eso es destacable que el presidente Carles Puigdemont haya señalado como culpable apuntado, con nombre y apellidos, a la empresa suministradora de la anciana fallecida en Reus: Gas Natural.

La tragedia de Rosa ha permitido conocer que la Generalitat no puede hacer cumplir la ley a pesar de las 25 reuniones que ha mantenido con las grandes compañías eléctricas, al contrario de lo que ha sucedido con otro servicio fundamental como el agua. Desde Gas Natural se aduce que la ley no ha sido desarrollada con el reglamento previsto. Sin embargo, el pasado mes de octubre la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) —que agrupa a las principales firmas del sector— recurrió a los tribunales para impugnar el protocolo.

En cualquier caso, antes de proceder al corte del suministro por impago, la letra de la ley catalana obliga a las compañías a comunicarlo a la Administración. En el fondo del debate está quién se hace cargo de la factura, que se liquidaría con un 1,5% de los beneficios de Endesa, Gas Natural e Iberdrola.

Es cierto que las empresas suministradoras facilitan a través de sus páginas web o telefónicamente bonos para ayudar a los clientes que se encuentren en situación de pobreza, pero el acceso para los posibles beneficiarios de esas medidas no es fácil por razones culturales: requiere moverse con soltura en la red. En cambio, cualquier beneficiario de un bono lo pierde automáticamente si él mismo o alguien de su unidad familiar accede a un contrato, aunque apenas supere el centenar de euros mensuales. En el caso de la anciana de Reus, Gas Natural desconocía —afirma— su situación de vulnerabilidad. Rosa murió en silencio. La pobreza la mató sin que las alarmas, esta vez, despertaran a nadie.