El fiscal pide dos años para la exalcaldesa de Serranillos por comprar dos bolsos a cargo del Ayuntamiento
Olga Fernández está acusada de haber malversado 370 euros
La exalcaldesa de la localidad madrileña de Serranillos del Valle (3.900 habitantes), Olga Fernández, del Partido Popular, se enfrenta a dos años de cárcel por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. Fernández —alcaldesa entre 2003 y 2011— compró dos bolsos por valor de 370 euros, cantidad que no ha reintegrado, con la tarjeta de crédito Visa Oro Corporate del Ayuntamiento, y que estaba destinada solamente para sus funciones públicas. El fiscal quiere también que sea inhabilitada otros dos años más.
La vista oral del juicio con jurado popular se celebrará en la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid entre el 22 y el 29 de este mes. “Solo quiero que llegue ya el juicio, y no voy a hablar nada más sobre este tema”, explicó ayer a EL PAÍS la exalcaldesa de Serrranillos del Valle y actual portavoz municipal del Partido Popular en la localidad.
Fernández fue acusada por su sucesor en el cargo, Antonio Sánchez, de una formación independiente de gastos injustificados. En sus últimos nueve meses como alcaldesa (2010-2011), Fernández gastó, siempre según la denuncia, 8.400 euros en muebles y utensilios en Ikea, un ordenador portátil, un ipad, dos bolsos de 180 euros cada uno y múltiples facturas de gasolina, restaurantes y hoteles. La portavoz del PP, tras la denuncia del alcalde independiente, consiguió justificar todo, salvo los dos bolsos que ahora la sientan en el banquillo.
El actual alcalde de Serranillos del Valle, Iván Fernández, del partido Transparencia y Democracia, también la ha denunciado —procedimiento actualmente en trámite— ante la fiscalía por recibir una subvención de 29.415 euros para edificar una plaza en 2008 que, sin embargo, ejecutaron los operarios municipales sin que interviniera ninguna empresa privada. En diciembre, con la plaza ya terminada, según la denuncia, solicitaron a la Consejería de Presidencia, de la que dependía el plan de inversiones regionales Prisma, la citada subvención.
La ayuda les fue concedida medio año después, pero en la contabilidad solo aparece que la empresa privada que llevó a cabo supuestamente la reforma solo cobró sorprendentemente el IVA y el IRPF (7.100 euros), no los 29.415 euros de la subvención.
“Me parece lamentable y me choca que sus concejales y el propio PP defiendan lo indefendible, además de que la Comunidad no ha hecho nada contra ella a pesar de los antecedentes que la preceden”, explica Iván Fernández sobre la exalcaldesa.
A su vez, Iván Fernández pide que se haga justicia y se inhabilite a la portavoz municipal del PP si se demuestra que es culpable de los delitos que se le imputan. “Entre su padre [que también fue regidor de Serranillos] y ella suman muchos años en la alcaldía, y cuando llevas tanto tiempo a veces piensas que el dinero es tuyo y no de dominio público”, denuncia el actual regidor.
Olga Fernández también está imputada en la trama Púnica por un negocio de ropa usada. Todo empezó el 14 de diciembre de 2011, meses después de que perdiese las elecciones tras descubrirse las citadas compras de bolsos, vajillas y objetos de decoración con, supuestamente, la tarjeta del Ayuntamiento. Ese día sucedieron dos cosas: se fundó la empresa Oasis Recuperaciones, dedicada al negocio de la ropa usada, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Suroeste, Carlos Alberto Estrada, firmó un acuerdo con Fernández. Esta coincidencia sorprendió al juez Eloy Velasco, que lleva la trama Púnica.
Ropa usada
El acuerdo entre Oasis, fundada por un amigo de Estrada y un ciudadano marroquí, y la Mancomunidad buscaba la instalación de contenedores de ropa usada en los 10 municipios que engloba el organismo, entre ellos Serranillos del Valle.
El negocio consistía en pagar un canon anual a los Ayuntamientos (entre 1.500 y 7.000 euros) y entregar a una ONG una pequeña parte de la ropa dejada por los vecinos en los contenedores. En Valdemoro, por ejemplo, donde Oasis tenía 25 contenedores, pagaba 6.000 euros y entregaba una tonelada de ropa. La concesión le fue otorgada a pesar de que otra empresa ofreció pagar un canon de 45.000 euros.
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