El Tercer Sector propone un convenio para Generalitat y suministradoras

El presidente de la Taula del Tercer Sector Social de Cataluña, Oriol Illa, ha querido proponer este miércoles soluciones al conflicto abierto entre la Generalitat y las compañías suministradoras de gas y electricidad. Illa ha culpado a Gas Natural, como ya hizo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por la muerte de una anciana en Reus a raíz de un incendio tras dos meses de tener cortado el suministro de electricidad por impago. Como parte de la solución, ha presentado un borrador de convenio entre las compañías y la Agència Catalana de Consum (ACC) que insta a las suministradoras a hacer una aportación al fondo de solidaridad, y a cumplir el protocolo de la Generalitat para evitar el corte de suministro a los usuarios más vulnerables.

La presentación de este texto se ha hecho a las puertas de la sede de Gas Natural en Barcelona, ya que Illa considera que el máximo responsable del suceso del lunes es la compañía suministradora. Gas Natural no avisó a los servicios sociales de Reus de que iba a efectuar un corte de luz, aunque está obligada por el artículo 6 de la ley 24/2015 sobre pobreza energética. "Estas empresas actúan con una impunidad total", ha afirmado Illa, que ha añadido que "la muerte se podría haber evitado si se hubiese seguido la ley, que la protegía". La mujer era usuaria de Servicios Sociales y llevaba dos meses sin luz antes de que una vela incendiara su casa y acabara con su vida.

El borrador de convenio entre la ACC y las suministradoras es un texto muy parecido al que ya tienen acordado las compañías suministradoras de agua. "Las gasísticas y las eléctricas se han resistido a firmarlo durante meses", ha lamentado Illa. El punto principal del texto es que la compañía suministradora entre en el fondo de solidaridad para usuarios vulnerables (que nutren las entidades sociales y al que en 2015 destinaron 200.000 euros). "Pedimos una aportación a una compañía como Gas Natural, que tuvo el año pasado unos beneficios de 1.502 millones de euros, 1.000 de ellos destinados a dividendos", ha destacado.

El segundo punto del convenio que Illa ha señalado como importante es que la responsabilidad de identificar a los usuarios vulnerables sea compartida entre la Generalitat y las suministradoras. Es decir, que las compañías se adhieran voluntariamente al protocolo desarrollado por la ACC que detalla paso por paso cómo y en qué situaciones se tiene que evitar el corte de suministro de electricidad a personas en situación de vulnerabilidad.