La oposición se une para sacar al PP del gobierno de Colmenar Viejo

Los problemas judiciales han cerrando el cerco sobre el alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría (PP), que dimitió la semana pasada tras anunciarse que será juzgado por un delito de prevaricación urbanística continuada. Con su caída, se abre la posibilidad de un cambio de gobierno si la oposición logra aparcar sus diferencias. Por su parte, los populares intentan encontrar un candidato que no esté salpicado por el escándalo; en el banquillo también se sientan cinco ediles del equipo de Santamaría.

La segunda fuerza política del municipio (de 48.000 habitantes) es Ganemos Colmenar —unión de Podemos, IU y Equo—. Ellos capitanean el movimiento para “lograr un gobierno plural”, compartido por Ganemos, PSOE, Ciudadanos y UPyD. Buscan un acuerdo a cuatro bandas. A pesar de las diferencias ideológicas, el viernes todos los portavoces aseguraban que existen “muchos” puntos de acuerdo.

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Para el portavoz de Ganemos, Mariano Martín, “el Ayuntamiento se encuentra en estado de emergencia” y considera que hay que mejorar la gestión; la transparencia; la participación y las políticas sociales. “Además, hay que levantar alfombras”, dice, porque asegura haber detectado hasta 42 expedientes de licencias municipales con informes técnicos negativos. El juez está investigando supuestas irregularidades cometidas en 16 casos. En mayo, la Fiscalía de Madrid publicó su petición de 3,6 años de cárcel y diez de inhabilitación, por un delito de prevaricación urbanística continuada, para el alcalde Miguel Ángel Santamaría (PP). El fiscal le acusa de conceder licencias de obras saltándose los informes técnicos y jurídicos en numerosos expedientes.También pide cárcel para el anterior regidor así como para otros diez cargos y exaltos cargos municipales, todos del Partido Popular.

Pero identificar a la persona adecuada para ocupar la alcaldía no es tan sencillo, ni para el PP —que gobierna en minoría con nueve ediles— ni para el resto de los grupos (Ganemos Colmenar con cinco ediles, PSOE con tres, Ciudadanos con tres y UPyD con uno). Y el tiempo corre. Santamaría dejará el bastón de mando el próximo martes. A partir de ese momento, ejercerá de regidor el actual primer teniente de alcalde, que también está procesado. Lo hará hasta que transcurran los 10 días hábiles necesarios para convocar el pleno que elegirá nuevo alcalde.

Los socialistas se muestran abiertos al diálogo dejando a un lado “los prejuicios”. Su portavoz, Fernando del Valle, comparte que la situación municipal es “muy complicada” y que sería deseable cambiar el rumbo. Aunque Ciudadanos se muestra dialogante y dispuesto a elegir “lo mejor para el municipio”, que pasaría porque el PP no siguiera gobernando, se enfrenta a las reticencias de la dirección regional ante un posible pacto que aúpe a un alcalde vinculado a Podemos. En cuanto a UPyD, su único representante habla de contactos, pero todavía no formales.

Desde el PP de Madrid mantienen que no es un caso de “corrupción política ni de obtención de beneficios personales”, sino de irregularidades administrativas. La Fiscalía aprecia delito de prevaricación y solicita 3,6 años de prisión para el alcalde y exalcalde, Miguel Ángel Santamaría y José María de Federico. También para los concejales y exconcejales populares Ana Belén Colmenarejo, Antonio García Santos, César de la Serna, Inmaculada Viñoles, Justo García y Pablo Colmenarejo. Por otro lado, pide dos años de prisión para el exconcejal Pedro Gómez, y para los ediles Carlos Blázquez, Jorge García y Juan José Serrano.