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El médico que operó a una víctima del pederasta dice que sufrió una agresión “brutal”

El cirujano de La Paz asegura que nunca ha visto una lesión tan grave en toda su carrera profesional

La tercera víctima del supuesto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ángel Ortiz Martínez, de 44 años, sufrió una agresión “brutal” y “aberrante” que estuvo a punto de costarle la vida. Así lo declaró ayer en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial el cirujano del hospital La Paz que intervino a la menor, de cinco años, justo cuatro horas después de haber sido liberada. El facultativo dijo que jamás había visto unas lesiones de tal envergadura en toda su carrera profesional, según fuentes de las acusaciones.

La madre, en estado de shock

La sesión de ayer del juicio del supuesto pederasta de Ciudad Lineal se celebró a puerta cerrada para evitar que los detalles más duros de las agresiones llegaran a la opinión pública. Esta medida ya se había aplicado en días precedentes, en especial con las declaraciones de las cuatro niñas víctimas del acusado, Antonio Ángel Ortiz. En este caso, las pruebas se grabaron en vídeo para que las menores no tuvieran que ir al juicio.

Una de las testigos que estaba citada ayer fue la madre de la menor china raptada el 17 de junio de 2014. Pero no pudo acudir, porque se encontraba en estado de shock.

La menor que sufrió las peores lesiones por parte del presunto pederasta fue capturada la tarde del 17 de junio de 2014 en la calle de Luis Ruiz, en el barrio de Ascao. La pequeña, de origen chino, estaba jugando delante de la tienda de alimentación que tenían sus padres. En un descuido de estos, el procesado supuestamente la subió a su coche y la trasladó hasta el piso que su madre tiene en la calle de Santa Virgilia. Allí abusó sexualmente de ella, según el relato de la fiscalía.

La menor fue liberada a la altura del número 44 de la calle del Jazmín, justo en el extremo opuesto del distrito de Ciudad Lineal. Era de noche y la encontró una mujer, a la que la pequeña se abrazó de inmediato. Estaba drogada y desorientada. La mujer llamó a los servicios de urgencias. La atendieron en un primer momento los facultativos de una UVI móvil del Samur. A petición de la policía, utilizaron sábanas nuevas y para atenderla. También recogieron la ropa de la mujer que la encontró por si había restos de ADN del supuesto agresor. Todo el material fue remitido a los laboratorios de la Policía Científica.

Nada más entrar en el hospital de La Paz, los médicos atendieron a la menor y le aplicaron el protocolo de víctimas de delitos sexuales. El cirujano pediátrico y especialista en cirugía reconstructiva del hospital Juan Carlos López Gutiérrez la intervino de urgencia. Ayer declaró, en la undécima sesión del juicio, que la agresión fue “la de mayor daño y de máximo grado” que ha atendido en toda su carrera. De hecho, llegó a responder de manera afirmativa a la pregunta de si la niña podía haber muerto. “Estas lesiones podían haberle causado la muerte en otras circunstancias. Tuvo mejor final”, concluyó el doctor.

El doctor también destacó que la pequeña sufrió lesiones de “máximo nivel” —rango cuatro, el máximo dentro de las agresiones sexuales—. La pequeña tardó varias semanas en recuperarse de la operación y, en principio, no le han quedado secuelas físicas. De todas formas, el médico advirtió que es preciso ver cómo evoluciona en los próximos años.

Dos de las cuatro acusaciones han pedido que esa agresión sea considerada como tentativa de homicidio (castigada con penas de cárcel de entre cinco y siete años y medio) en lugar de lesiones graves (de dos a cinco años de prisión). Estas acusaciones creen que el acusado actuó con dolo eventual, “que se caracteriza porque da por plausible el resultado final de muerte y, sin tenerlo en cuenta, realiza su actuación”. La fiscal del caso mantiene esta última versión.

Tranquilidad permanente

Antonio Ángel Ortiz ha mantenido una actitud tranquila durante las sesiones del juicio. Ha llegado incluso a sonreír en algunos momentos ante determinadas preguntas, pese a la gravedad de las acusaciones a las que se enfrenta. El ministerio fiscal ha solicitado 77 años de prisión por los delitos de detención ilegal, agresión sexual y lesiones graves, mientras que algunas acusaciones elevan la solicitud de condena hasta los 126 años por la aplicación del delito de homicidio en grado de tentativa, la petición de mayor pena de cárcel para algunos delitos y la aplicación de más agravantes.

Está previsto que el juicio, que se desarrolla en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial, concluya a mediados de diciembre.

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