La policía recaba documentos de la Fórmula 1 de Valencia

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La policía ha recabado este miércoles documentación de la dirección general que centraliza los servicios informáticos de la Generalitat valenciana, así como de las empresas públicas Circuito del Motor y Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana en el marco de la investigación judicial sobre la organización del Gran Premio de Europa. Las carreras se celebraron de 2008 a 2012, fundamentalmente durante la etapa del presidente autonómico Francisco Camps, que está imputado en la causa. Entre la información incautada figuran correos electrónicos de antiguos responsables de la Generalitat.

La juez ha ordenado una batería de medidas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y ha decretado el secreto de sumario. Parte de las diligencias afectan al periodo del sucesor de Camps en la Generalitat, Alberto Fabra, ahora senador del PP.

El ministerio público acusa a Camps, a la exconsejera de Deportes Lola Johnson y al expiloto de motociclismo Jorge Martínez Aspar de montar una empresa pantalla, Valmor Sports, para burlar la aplicación de las normas que rigen la contratación pública. Los tres han negado haber cometido irregularidades.

La juez ha acordado, a instancias de Anticorrupción, solicitar a Circuito del Motor el libro mayor, el libro de facturas, el balance de sumas y saldos entre los años 2007 y 2012, así como todas las facturas emitidas y recibidas en el mismo periodo, los justificantes de pago, la identificación de las cuentas bancarias y las personas autorizadas a operar con las mismas.

La magistrada ha reclamado los mismos documentos a la sociedad pública Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, además de las actas del consejo de administración y de la junta general de accionistas.

Para comprobar la legalidad de la gestión de la organización del Gran Premio, que se celebró en las calles de Valencia entre 2008 y 2012, ha reclamado a la Intervención de la Generalitat que realice un informe pericial sobre la financiación de las dos sociedades públicas, Circuito del Motor y Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, por parte de la Administración autonómica.

El segundo informe solicitado por la magistrada a la Intervención de la Generalitat afecta a la legalidad de las decisiones adoptadas por la Generalitat en la etapa de Fabra. Este decidió, a instancias de la entonces consejera Johnson, adquirir Valmor Sports, lo que implicó pérdidas de más de 30 millones de euros para el Gobierno autonómico.

Para comprobar "las repercusiones económicas" que para "la Hacienda valenciana" tuvo la compra, la juez solicita un informe sobre la asunción de las deudas de Valmor por la Generalitat, así como la concesión de créditos bancarios a esta empresa privada.

La última diligencia, dirigida a la Federación Española de Automovilismo, consiste en averiguar si Valmor y Circuito del Motor contaban en aquel periodo con "autorización oficial" para organizar las carreras.