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Colau abre expediente al dueño de la Rimaia por mantener el edificio vacío

El propietario de la casa okupa lleva desde 1993 con los pisos vacíos y se se enfrenta a una pena de hasta 500.000 euros

Alfonso L. Congostrina
El edificio okupado, en el número 12 de la ronda de Sant Pau.
El edificio okupado, en el número 12 de la ronda de Sant Pau.JOAN SANCHEZ

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado un expediente por “utilización anómala” del edificio del número 12 de la Ronda Sant Pau, en el barrio barcelonés del Raval. El inmueble está okupado y se conoce como la nueva Rimaia.

El pasado 20 de febrero se ocupó todo el edificio que consta de cinco plantas y local. En el interior viven 18 personas -entre ellas tres menores- y es la sede de diferentes colectivos de inmigrantes y de grupos de crianza compartida. El juzgado de instrucción número 31 de Barcelona ordenó, la última semana de octubre, el desalojo del inmueble. El Ayuntamiento solicitó la suspensión de la orden debido a que tres familias de las que viven en el edificio presentan “una vulnerabilidad grave”.

Fiscalía también se mostró conforme con la suspensión del desalojo que todavía no se ha efectuado. Hoy, el Consistorio ha anunciado que inicia un expediente contra el propietario por mantener vacíos, desde 1993, los pisos de este inmueble. Se ha abierto expediente sobre las cinco viviendas y las multas coercitivas son de 5.000 euros por cada vivienda, 25.000 euros por toda la finca. El consistorio asegura que se pueden incoar hasta tres multas coercitivas por este concepto, la segunda de 10.000 euros por cada piso (por tanto, 50.000 por los cinco expedientes), y la tercera de 15.000 euros por cada piso (con un total de 75.000 euros). Si la infracción no se corrige durante el procedimiento y hay reiteración, la cantidad máxima prevista para esta infracción en Barcelona es de 500.000 euros.

El Ayuntamiento asegura que a lo largo de este mandato se ha reunido varias veces con los propietarios de la finca para evitar su desalojo. La última vez, el pasado 27 de octubre, para buscar fórmulas para destinar los pisos de la finca al alquiler social. La propuesta fue rechazada.

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