Un juez confirma la venta de la plaza de San Fernando a un grupo inversor
El fondo Pacifica Capital Gestión ha ofrecido 27,5 millones por el espacio público
Los intentos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para recuperar la titularidad de la plaza del pueblo y que no pase a manos de un fondo de inversión han fracasado. El juzgado de lo mercantil que gestiona la liquidación de la sociedad público-privada Plaza de España San Fernando SL (PESF), creada para remodelar el espacio público, ha rechazado el último recurso posible contra dicha venta. El Ayuntamiento aportó los terrenos en pago del 49% de acciones que poseía de PESF; el resto era de los vecinos. La empresa quebró, los vecinos no han recuperado sus casas y el pueblo se queda sin plaza.
El Juzgado de lo Mercantil número seis de Madrid, encargado de la liquidación de la empresa Plaza de España San Fernando de Henares SL (PESF), ha rechazado la pretensión del Ayuntamiento de impedir la venta de la plaza del pueblo al fondo de inversión Pacifica Capital Gestión, que ha puesto encima de la mesa 27,5 millones de euros. El administrador concursal —PESF había quebrado— presentó la oferta al juzgado, que la aceptó. Pero ni el actual equipo de gobierno (de San Fernando Sí Puede) ni la oposición están de acuerdo.
El Ayuntamiento, el PSOE y dos empresas particulares recurrieron una primera decisión judicial. No encontraban adecuado ni la cantidad por la que se enajenaba, que solo cubriría una pequeña parte de la deuda (94 millones), ni que la titularidad de la plaza pasase al fondo. Con los 27,5 millones ofertados, solo se puede pagar parte de la deuda a Bankia, el principal acreedor, al que se deben 56 millones.
La situación en la que se encuentra San Fernando de Henares proviene de la decisión del Ayuntamiento de remodelar el espacio urbano y las casas del XVIII de alrededor, un entorno declarado Bien de Interés Cultural. Para ello, el municipio constituyó en 2008 una sociedad mixta con capital 51% privado y 49% público. Para cubrir su participación, el Consistorio, gobernado entonces por IU, decidió aportar la plaza, que se valoró en nueve millones de euros. El registrador de la propiedad inscribió dicho cambio de titularidad, ahora cuestionado porque se trata de un bien público y, por lo tanto, imprescriptible, inalienable e inembargable.
El Ayuntamiento actual está compuesto por cinco ediles de San Fernando Sí Puede, que gobiernan en minoría; cinco del PP; cinco del PSOE; cuatro de IU, uno de España 2000; y uno no adscrito. El Consistorio actual argumenta que no es posible la aportación de la plaza a una sociedad limitada, sujeta a normas mercantiles, porque estas no son compatibles con el derecho público por el que se rigen tales bienes públicos.
Con la última decisión judicial, el recinto que pasará a manos del fondo incluye 176 viviendas, 157 trasteros, 267 plazas de garaje, 51 locales comerciales y un aparcamiento subterráneo de 606 plazas.
La operación, que en principio no iba a suponer ningún desembolso a los vecinos, ha finalizado en concurso de acreedores y múltiples denuncias en curso. Los propietarios de las viviendas hicieron frente a su parte en la sociedad aportando sus casas, que debían haber recuperado una vez finalizada su reforma en 2011. Algo que no ha ocurrido. Se desaló a más de 70 familias y comerciantes de sus viviendas y locales.
En el auto recurrido, el juez rechaza las quejas municipales de que el precio por el que se va a vender la plaza (27,5 millones) es muy inferior al fijado en el inventario. El valor de los bienes en liquidación concursal, explica el magistrado, no coincide “en modo alguno” con el valor de mercado ni con el valor contable, que puede bajar de una forma “muy relevante” al no existir más ofertas. En este caso solo una, la del fondo de inversión.
El Consistorio lo sabía
En cuanto a la idoneidad de la venta, el juez dice que aunque el Ayuntamiento actual es diferente al que acometió la expropiación en 2008, consiguiendo la cesión de los inmuebles por parte de los vecinos, locales, viviendas y terrenos, todo ello era perfectamente conocido tanto por la propia PESF como por el Ayuntamiento actual. Por lo tanto, ni el anterior ni el actual Consistorio pueden “alegar desconocimiento respecto a la situación fáctica y real de lo enajenado”.
Sobre todo porque “lo ejecutado y rehabilitado” ha sido realizado por contratas seleccionadas por PESF, de cuyo accionariado forma parte el propio Ayuntamiento. Con estos razonamientos, el juzgado de lo mercantil ha desestimado los recursos de reposición presentados. La resolución es definitiva. El Ayuntamiento anuncia que seguirá luchando para recuperar la plaza.
Lo ocurrido con la plaza es “aberrante” dice la alcaldesa
El Ayuntamiento no se lo esperaba. La alcaldesa del municipio Catalina Rodríguez de San Fernando Sí Puede, explica que la decisión judicial les ha pillado por sorpresa. “El juez sabía que la plaza era pública, lo reconoció cuando dijo que era el competente para anular su traspaso a la empresa municipal. Lo ocurrido es, a su juicio, “una aberración jurídica”. La alcaldesa explica que los técnicos municipales están estudiando las posibilidades que queda. “El juez dice que un Ayuntamiento no puede ir contra sus propios actos y, por lo tanto, no podemos reclamar la plaza como pública”. Rodríguez discrepa y piensa que “si antes se ha hecho algo mal, se puede rectificar”.
Javier Corpa, portavoz del PSOE, que también recurrió la decisión judicial, ha pedido que se convoque una sesión de la comisión creada para tratar el problema de PESF. A ellos también les ha “sorprendido” el auto. “Que se ha hecho mal, seguro, pero creemos que nos tenemos que defender ese bien público”, sostiene el edil. Lo que no puede entender su grupo es que al llegar un nuevo equipo de gobierno haya variado toda la estrategia en cuanto a la defensa de la plaza. “También se ha cambiado al gabinete jurídico que lo llevaba y eso es un grave error”, dice.
El PP ve la situación “muy mal”, indica su portavoz Mayra Pérez. “En 2010 descubrimos lo que había ocurrido con la plaza y planteamos en un pleno su recuperación”, explica. Una propuesta que no salió adelante, porque tanto IU como PSOE votaron en contra. “No se hizo en su momento y ahora nos encontramos en esta situación”, protesta. Su grupo está esperando los informes jurídicos municipales.
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