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Un dentista, condenado a pagar 62.000 euros por grabar a su empleada en el vestuario

La demandante llevaba trabajando en la clínica apenas tres meses cuando descubrió, por casualidad, que estaba siendo grabada mientras se cambiaba

Un juzgado de lo social de Móstoles ha condenado a un dentista de Alcorcón a pagar 62.500 euros a una empleada a la que grabó semidesnuda. Ese es el montante que había solicitado la defensa en concepto de indemnización por daños morales, al entender que se había vulnerado el derecho a la intimidad de la mujer, de 26 años. La demandante llevaba trabajando en la clínica apenas tres meses cuando descubrió, por casualidad, que estaba siendo grabada en el vestuario en el que se cambiaba de ropa. Este periódico no ha obtenido respuesta del odontólogo para conocer su versión de los hechos.

La sentencia, fechada el 13 de octubre y recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, especifica que la demandante estaba contratada como recepcionista en la clínica desde el 16 de noviembre de 2015. La empleada realizaba una jornada laboral de 20 horas semanales: de 16.30 a 21.00 de lunes a viernes. 

Antes de comenzar a trabajar, la mujer se ponía el uniforme en un pequeño almacén de la clínica. El dictamen judicial narra cómo en ese momento el dentista accionaba un aparato de grabación. Lo encendía minutos antes de que su empleada se incorporara al trabajo y lo apagaba cuando la recepcionista salía del improvisado vestuario. Lo hizo al menos en seis ocasiones.

En los vídeos que la defensa aportó en el juicio, y a los que EL PAÍS ha tenido acceso, se observa a un hombre maniobrando con el aparato, aunque no se percibe su rostro. Instantes más tarde, la demandante entra en la habitación y se cambia de ropa. En algunos de ellos se observa a la empleada desnuda de cintura para abajo. En otro se escucha al dentista pronunciar la palabra bragas. Y añade: “¿Me puedo quedar? Me hace ilusión”. La pregunta obtiene un no rotundo por parte de la joven.

La demandante no tuvo constancia de lo que sucedía hasta el 11 de febrero, tres meses después de incorporarse al trabajo. “Me encontré un USB negro en el suelo, cerca del mostrador. Lo enchufé en el ordenador para ver su contenido y saber a quién podía pertenecer, con la intención de devolverlo. Al abrir un archivo vi el almacén donde me cambiaba y a mí misma semidesnuda; me descargué algunos vídeos para demostrarlo”, explica la mujer.

Días más tarde comunicó que no acudiría más a su puesto de trabajo y denunció el caso ante la policía. Un mes después recibió un burofax en el que su jefe la despedía “por no superar el periodo de prueba”. “Fue él quien me ofreció el trabajo porque nos conocíamos de la hípica. Lo he pasado muy mal, porque había una relación de amistad y no me esperaba algo así”, relata.
Ahora aún quedan pendientes otros dos juicios penales por el mismo asunto. El dentista podría enfrentarse a una pena de cárcel de entre dos y cinco años.

Juan Jiménez-Piernas, abogado de la trabajadora, señala que “el éxito” del caso radica en la estrategia procesal, ya que se solicitó la indemnización por vía laboral al existir una relación de ese tipo entre ambas partes. “Si hubiésemos solicitado la indemnización por la vía penal, nos habrían dado 6.000 euros como máximo”.

Una sentencia de récord

La resolución que obliga al dentista a pagar 62.500 euros es la de mayor cuantía registrada en España por un delito de derecho a la intimidad de un trabajador, según la base de datos Aranzadi, especializada en información jurídica.

En abril de 2011, un juzgado de Barcelona condenó a una empresa a pagar 60.000 euros a un empleado al que, durante un reconocimiento médico, se le realizó una prueba del VIH sin su consentimiento.

En mayo de 2003, un juzgado de Oviedo condenó al presidente de un vivero a pagar 37.000 euros a una trabajadora por grabarla.

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