El PSOE da su apoyo a Carmena para la creación de la Oficina Anticorrupción
El Ayuntamiento habló con los sindicatos para la puesta en marcha del nuevo organismo
La creación de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid llegará al pleno el miércoles, tras recibir el apoyo del PSOE a su reglamento. Sus impulsores la califican como de iniciativa "pionera" en la prevención y lucha contra la corrupción. PP y Ciudadanos, por el contrario, afirman que el organismo tendrá "poderes inquisitoriales" y recuerdan que el sindicato CSIF se quejó por la falta de información sobre su puesta en marcha.
Rita Maestre, portavoz municipal, señaló este miércoles en la comisión sobre el reglamento de la oficina que el Ejecutivo habló con los sindicatos y otros agentes sociales sobre la oportunidad de tener este ente, que investigará e interrogará a los funcionarios si detecta sospechas de fraudes.
PP y Ciudadanos denunciaron que la oficina modifica las intenciones de hace un año. A ambos grupos les preocupa que se politice su gestión y que sus investigaciones se conviertan en actividades "inquisitoriales". El pleno nombrará al director del organismo a través de mayoría cualificada en primera instancia y mayoría simple en segunda.
El partido de gobierno, Ahora Madrid, y su socio de investidura, PSOE-M, alegaron que la corrupción es uno de los principales problemas de la sociedad, tal y como se desprende de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los socialistas reivindicaron el carácter pionero de la propuesta. Su portavoz municipal, Purificación Causapié, remarcó que este organismo, que admitirá denuncias anónimas, protege a los funcionarios que destapan casos de corrupción, no como hasta ahora, que están "solos y despreciados". "Si queremos que no se investigue, digámoslo claro", afirmó la socialista dirigiéndose a PP y Ciudadanos.
Los concejales Percival Manglano, del PP, y Silvia Saavedra, de Ciudadanos, criticaron algunas directrices de la oficina. Manglano recordó que el sindicato CSIF manifestó sus temores sobre posibles "cacerías de funcionarios". El futuro director o directora de la oficina, que tendrá poderes de inspección e interrogación, "no será un funcionario, sino un activista político nombrado por la mayoría del pleno. Será un comisario político, un sheriff de Carmena (...) que fracturará el Ayuntamiento y señalará" a los funcionarios reacios a colaborar, dijo Manglano.
Un reglamento polémico
Nombramiento. Si el candidato para dirigir la oficina no obtiene el voto favorable de tres quintas partes del pleno, se procederá a una votación por "mayoría absoluta".
Denuncias. Admitirá denuncias anónimas, realizará visitas a los centros de trabajo y los trabajadores podrán declarar "con asistencia letrada".
Informes. Tras una investigación, la oficina elaborará un "informe razonado", que será entregado al organismo público competente para "la adopción de las medidas que resulten oportunas".
En el reglamento que avanzó EL PAÍS puede leerse: "La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de las actuaciones de inspección de la oficina por parte de cualquier autoridad, directivo o empleado municipal podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de la memoria anual, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar". El "informe razonado" será entregado a la Administración u organismo público competente para "la adopción de las medidas que resulten oportunas".
Sin confidencialidad
Saavedra, de Ciudadanos, remarcó que la oficina tendrá capacidad para suspender la confidencialidad de las investigaciones: "Podrá entrar en los ordenadores". Su partido considera que este poder va contra los derechos de los funcionarios y reiteró que impugnará el documento si se vota.
El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, hizo un llamamiento a no exagerar las críticas. "Describir a esta oficina como una especia de Gestapo está fuera de toda lógica", afirmó. El organismo, que era una de las promesas electorales del PSOE y que fue asumido por el equipo de la alcaldesa, Manuela Carmena, está a la espera de que su reglamento sea aprobado, presumiblemente durante la junta de gobierno de hoy. Maestre calculó que la oficina anticorrupción podrá abrirse en dos meses.
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