Un 60% de los municipios de Barcelona no tiene convenios sobre pobreza energética

Solo el 37% de los municipios de la Diputación Barcelona tienen convenios con empresas eléctricas para mitigar los trámites y evitar los cortes de los pobres energéticos: Entre 2008 y 2014 las peticiones de ayudas para pagar los recibos se han disparado una media del 80%. Estos son dos de los datos que se desprenden de un informe presentado este miércoles por el Gobierno provincial. La diputada de Bienestar, Maite Fandos, también ha presentado un plan mediante el cual se espera hacer una asesoría energética a 4.000 hogares en 212 municipios, que implicaría el ahorro de 1,2 millones de euros anuales en la factura.  

Casi cuatro años después de que el tema de la pobreza energética entrara en el debate público catalán, las Administraciones empiezan a hacer el balance de sus políticas y comienzan a aparecer los primeros estudios con datos consolidados. El de la Diputación de Barcelona recoge datos cuantitativos y cualitativos del 26% de los municipios de la demarcación correspondientes a 2014 y también hace una serie de propuestas de actuación desde el ámbito local.

Si bien los datos del estudio son previos a la puesta en marcha de la ley 24/2015, cuyos artículos sobre pobreza energética no fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional, la relación de los municipios con las empresas suministradoras muestran un panorama de poca interlocución. Mientras que la totalidad de Consistorios consultados tienen acuerdos con las empresas de agua (muchas son de carácter municipal), en el caso de las eléctricas esta cifra llega al 37% y en las gasísticas cae al 8%.

"Lo más fácil sería que la Generalitat tuviera un convenio marco con las empresas a las cuales se puedan adherir los municipios", ha asegurado Fandos. Lo cierto es que la ley 24/2015 no obliga a las empresas a firmar estos acuerdos sino que sencillamente apela a su buena voluntad para firmarlos y establecer ayudas a fondo perdido, un extremo al que las suministradoras se niegan. Las empresas siempre han defendido que ya existe el bono social como ayuda estatal para las personas con problemas para pagar los recibos, pero el informe de la Diputación aporta otro dato interesante: el 80% de las familias vulnerables no tienen acceso o desconocen esta ayuda.

La Diputación intervendrá en 4.000 hogares con problemas de pobreza energética en dos años, un programa que contará con un presupuesto de un millón de euros. A las casas se les hará una auditoría energética que permitirá conocer los hábitos y sugerir cambios para mejorar la eficiencia. Se les ayudará a tramitar el bono social si es el caso y también se ayudará a cambiar a bombillas de bajo consumo, entre otros arreglos menores. Una prueba piloto realizada en Osona y Vilanova i La Geltrú arrojó que estos cambios pueden implicar un ahorro de más de 300 euros anuales en las casas. "Tenemos que ir más allá que pagar las facturas", ha insistido Fandos.