Alcorcón demanda a Madrid por su protocolo de contaminación

El protocolo aprobado por Manuela Carmena el pasado mes de febrero recoge que se prohibirá la entrada de vehículos privados a la capital cuando existan episodios altos de contaminación en la ciudad. El alcalde de Alcorcón ya anunció al aprobar este documento que acudiría a los tribunales en caso de que se vulnerase la circulación de los 167.000 vecinos de la localidad. "En ningún momento nadie del Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en contacto con nosotros para evitar llegar a los tribunales", ha afirmado el regidor popular.

El alcalde mantiene que son "miles de ciudadanos los que diariamente tienen que acceder a la capital desde distintos puntos de la región, en especial del sur de la Comunidad de Madrid". Alcorcón está unido con la capital a través de la autovía de Extremadura (A-5), que desemboca en la M-40 y en la M-30. Esta vía se vería afectada por las restricciones de tráfico que podrían imponerse en el peor de los escenarios de contaminación.

"No estoy dispuesto a que la alcaldesa de Madrid vulnere el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos para poder circular libremente por las carreteras madrileñas. El cierre de estos accesos generaría un problema muy serio y causaría el llamado efecto llamada, es decir, que la decisión de Manuela Carmena afectaría a las localidades limítrofes y sufriríamos consecuencias económicas, de sobrecarga de tráfico y colapso circulatorio, entre otras", ha destacado David Pérez.

El Ayuntamiento de Alcorcón basa su recurso en la jurisdicción contencioso-administrativa en que la antigua M-30 (actual Calle 30) se trata de una carretera de titularidad estatal cedida al Ayuntamiento de Madrid. La Comunidad de Madrid es la titular, ya que, según fuentes municipales, es la que puede adoptar medidas que la afecten. Por ello, los alcorconeros dudan de que se pueda decretar su cierre de manera unilateral sin contar con la Administración regional.

Fuentes municipales mantienen que cualquier ciudadano que se viera afectado en su derecho de libre circulación podría denunciar al Ayuntamiento de Madrid para pedir una indemnización por el daño real efectivo. Este puede ser evaluado económicamente como ya ha ocurrido en otras localidades de España. Alcorcón pone el ejemplo de Burgos.

Una portavoz de la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad de Madrid ha recordado que el artículo 43.2 de la Constitución habla de la obligación de las Administraciones de preservar la salud. En concreto dice: “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos”.

El precedente de Botella

La portavoz también ha mantenido que el 1 de marzo de 2015, cuando era alcaldesa Ana Botella (PP), se aprobó un protocolo de contaminación por episodios de dióxido de carbono (NO2), que se ha aplicado dos veces durante el presente mandato. El documento de Botella también contemplaba la restricción de circulación de vehículos en escenarios de alta contaminación. “Pérez es alcalde de Alcorcón desde el 11 de junio de 2011, y no se planteó nunca denunciar el protocolo de la entonces alcaldesa, compañera suya de partido”, ha relatado la portavoz de Medio Ambiente. “Madrid lleva siete años consecutivos incumpliendo el tope permitido por la UE en los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno, y este Ayuntamiento está tomando medidas valientes para reducir el impacto del NO2”, ha añadido. 

“Este Ayuntamiento trabaja para que los ciudadanos puedan respirar aire de mejor calidad, por supuesto también los alcorconeros, y celebra que la Comunidad esté ultimando su propio plan de lucha contra la contaminación”, ha concluido la portavoz.