El Parlament apoya que no vayan a prisión los condenados por el asedio

La Mesa del Parlament ha apoyado que los condenados por el asedio a la cámara catalana en junio de 2011 no ingresen en prisión. El máximo órgano de gobierno ha considerado que la sentencia del Tribunal Supremo comporta "penas desproporcionadas" para los ocho acusados, que fueron condenados a tres años de prisión. El Parlament ha informado que esta decisión se tomó en una reunión el pasado martes 11 de octubre con todos los votos a favor, salvo una abstención del vicepresidente segundo, José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos). 

Esta sentencia del Tribunal Supremo vió la luz en julio de 2014, y enfrentó en aquel momento a los actuales socios de Gobierno, la antigua CiU y la CUP. El consejero catalán de Presidencia, Francesc Homs, aplaudió la acción de los magistrados y consideró que "lo ocurrido no podía pasar sin que tuviera ninguna consecuencia".

La misma Generalitat pidió que ingresaran en prisión las cuatro personas que, supuestamente, bloquearon a la comitiva en la que circulaba el vehículo oficial del presidente de la Generalitat, Artur Mas. El Parlament, por otro lado, exigió penas de cárcel para las 20 personas que la Audiencia Nacional mantuvo imputadas.

La CUP, en cambio, reaccionó a la sentencia del Tribunal Supremo con "profunda indignación". El diputado Quim Arrufat calificó el fallo de "desproporcionado" y criticó los elogios de Homs. "Nos da vergüenza el concepto que este Gobierno tiene de justicia; está en las antípodas de la idea de justicia que tenemos en la CUP", declaró en su momento.

Dos años después de estas declaraciones, los anticapitalistas mantienen su posición mientras que los miembros del Gobierno de Junts Pel Sí la modifican radicalmente. El grupo parlamentario integrado por miembros de la antigua CDC y ERC, es el socio de la CUP desde las pasadas elecciones del 2015. Este cambio de posicionamiento se entiende en clave política como un acercamiento entre ambas formaciones por parte de los diputados de Junts Pel Sí. 

La Mesa del Parlament ha manifestado "su apoyo a la demanda de los familiares del no ingreso en prisión de las personas condenadas". En los próximos días, la cámara comunicará el acuerdo a la defensa de los afectados para que tengan conocimiento del mismo.

Años de justicia

Los hechos del asedio al Parlament se enmarcan en el contexto del movimiento de protesta del 15-M que surgió durante la primavera del 2011. Durante los días 14 y 15 de junio, varias asociaciones convocaron una concentración ante el Parlament de Catalunya con ocasión de la aprobación de los Presupuestos para aquel año, en protesta por la reducción del gasto social. Más de un millar de personas acudieron a la movilización, que fue reprimida por los cuerpos de seguridad.

Gran parte del Gobierno, entre los cuales el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tuvo que acceder al recinto del Parlament en helicóptero. Los diputados fueron increpados y abucheados mientras intentaban acceder al pleno convocado a las 10 de la mañana.

En julio de 2014, la Audiencia Nacional absolvió a 19 de los 20 acusados del asedio a la cámara catalana. La sentencia exculpó a todos los procesados por delitos contra las instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita, alegando el ejercicio del "derecho fundamental de manifestación" y la primacía de la "libertad de expresión". Sólo uno de los manifestantes fue culpado por pintar una cruz en la espalda de la diputada socialista Montserrat Tura.

Pero el Tribunal Supremo anuló en marzo de 2015 esta absolución dictada por la Audiencia Nacional y condenó a ocho de los procesados por el asedio al Parlament a tres años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado.

Los magistrados señalaron que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión no podían operar como elementos "neutralizantes" de otros derechos indispensables, como en este caso el "derecho de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes en órgano legislativo".

La semana pasada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo admitió a trámite la demanda de los jóvenes condenados por el asedio al Parlament de Cataluña. El TEDH investigará si la justicia española ha vulnerado el derecho fundamental de los condenados a recibir un juicio justo.