El socialista Rubio defiende los contratos a sus asesoras en Imelsa

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El exdiputado autonómico socialista Rafael Rubio ha defendido este viernes ante el juez la contratación de dos de sus asesoras en Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa), que están siendo investigadas por el juez que instruye el caso Taula. Rubio ha mantenido que no cometió ninguna ilegalidad, que las mujeres realmente trabajaron y que nunca pidió "un favor" al exgerente de esta empresa de la Diputación de Valencia Marcos Benavent, uno de los principales imputados en el caso y que ahora colabora con la Fiscalía.

El también exdiputado autonómico Salvador Enguix, del PP, ha afirmado por su parte que firmó sin leer un certificado en el que acreditaba que una mujer había trabajado como asesora para él en Imelsa. Ha sido su forma de salir al paso de la declaración de la mujer, en la que admitió no haber trabajado nunca para la empresa pública. Estaba también citado a declarar como imputado el exdiputado socialista Raúl Pardos.

El juez Víctor Gómez investiga si la contratación de asesores en Imelsa fue legal. Y si las personas que propusieron los nombres de las personas que fueron contratadas cometieron los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Este último tipo penal se aplicaría en principio solo a aquellos casos flagrantes en los que los empleados en realidad no trabajaban, así como a quienes lo permitieron, según han apuntado fuentes del caso.

El instructor ha solicitado un informe a la Intervención General del Estado para aclarar si la contratación de asesores en Imselsa fue legal. Una de las cuestiones discutidas en esta parte del caso Taula, que afecta también a otros antiguos miembros del consejo de administración de Imelsa, es la fórmula bajo la que fueron contratados los asesores. En muchas ocasiones lo hicieron como brigadistas forestales.

Rubio ha afirmado que sus dos asesoras fueron contratadas como tales, que propuso sus nombres después de que le fueran solicitados por el portavoz del PP en la Diputación de Valencia. Y que las mujeres desarrollaron su labor durante solo cuatro meses entre marzo y junio de 2011 como consecuencia de la aplicación de un cambio en la legislación laboral, que forzó el cese de sus dos antecesores en enero, ya que de otra manera se hubieran convertido en fijos.

El exdiputado socialista, que ahora ocupa un cargo de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia, ha señalado que sus dos exasesoras se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez cuando fueron llamadas por el instructor por consejo de sus letrados, y porque la causa se hallaba en aquellos momentos bajo secreto de sumario.

Rubio, que también fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, ha recordado que durante su etapa como diputado en la Corporación provincial denunció la presunta corrupción del entonces presidente Alfonso Rus. Unas denuncias que ahora se han confirmado de forma indiciaria con la investigación del caso Taula.