La juez descubre otro fraude de un millón del exconsejero Blasco

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A Rafael Blasco se le amontonan los problemas judiciales. El exconsejero valenciano que cumple una condena de seis años en la cárcel de Picassent por malversar fondos de la ayuda a la cooperación tiene un nuevo frente abierto de su época como consejero de Solidaridad y Ciudadanía. La juez que investiga el llamado caso Blasco ha detectado supuestos amaños en siete contratos de informática adjudicados por su departamento en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 por importe de más de un millón de euros, según ha informado este viernes el Tribunal Superior valenciano.

La magistrada Nieves Molina ha remitido el asunto al decanato de los Juzgados de Valencia para que sea repartido por turno, al considerar que se trata de delitos ajenos a los que ella investiga, y que hacen referencia a la concesión de ayudas a la cooperación al desarrollo entre 2009 y 2011.

La juez aprecia en un auto los posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en los contratos adjudicados a tres empresas, Fujitsu España Service, Comteldat e Ibaermática, que habrían sido en realidad meras intermediarias de las sociedades que acababan haciendo los trabajos y recibiendo el dinero.

Al frente de estas últimas se hallaba Augusto César Tauroni, también en prisión por apropiarse de fondos de ayudas a la cooperación y considerado por la Fiscalía el máximo cabecilla, junto a Blasco, de una trama que se extendió durante años por los diversos departamentos que dirigió el consejero en su etapa como dirigente del PP.

En las adjudicaciones de informática se produjo, presuntamente, "una clara vulneración de los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que inspiran la contratación pública, señala la juez. Los "indicios" descubiertos por la investigación "llevan a inferir que con anterioridad a la iniciación de los expedientes de contratación ya estaba decidido y hablado de antemano que iban a ser las empresas de Tauroni las que ejecutaran los trabajos a través de terceras empresas interpuestas".

La investigación ha descubierto que Tauroni firmaba los acuerdos de subcontrata con los futuros adjudicatarios antes de que se iniciaran los expedientes de contratación.

Los trabajos eran asumidos por las empresas Dinamiz-e y S&C Visión y Análisis, que, o eran de Tauroni, o estaban dirigidas por alguno de sus considerados testaferros. Estas sociedades asumían por escrito que iban a ejecutar los servicios adjudicados por la consejería en su totalidad.

Un extremo que implica un "claro incumplimiento" de la ley, la cual "prohíbe la subcontratación que exceda el 60% del importe de adjudicación e impone la obligación de comunicar a la Administración de la misma", recuerda la juez.

El dinero que pagaba el departamento de Solidaridad no se aplicaba tampoco al objeto previsto en las adjudicaciones. Se destinaba a "pagar al equipo humano que Tauroni tenía en la consejería dedicado al mantenimiento de determinados portales web", entre otras tareas.

La relación entre Blasco y Tauroni se remonta, al menos, al año 1999, cuando el exconsejero adjudicó al empresario un contrato informático para el servicio valenciano de empleo, el Servef. Aquel programa informático se llamó Tauro.