El Síndic critica a las administraciones por no detectar los abusos sexuales a menores

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha denunciado este viernes que las administraciones catalanas no detectan con suficiente antelación los casos de abuso sexual en menores. El defensor del pueblo catalán, en su Informe sobre el abuso sexual infantil en Cataluña, destaca que en "el año 2015 los menores que constan como afectados por las agresiones y abusos sexuales en atestados policiales son 4,6 de cada 10.000. En el supuesto que este nivel de afectación fuese real y constante en el tiempo, menos del 1% de los menores constan a lo largo de su trayectoria vital como detectados por atestados policiales por abuso o agresión sexual".

Ribó ha considerado que en "Cataluña no hay un conocimiento preciso sobre el abuso sexual infantil y recomendamos que se promueva la realización de estudios de investigación y la creación de un centro especializado dedicado a la investigación del maltrato infantil".

El defensor del pueblo se ha remontado a 2006 cuando después de la cadena de errores de la administración que dejó en evidencia el caso Alba —el proceso de maltrato infantil que conmocionó a la opinión pública— se elaboró un protocolo para combatir el maltrato infantil. "Diez años más tarde, el pasado febrero emitimos una resolución por abusos en el llamado caso Maristas y este agosto hemos tenido conocimiento de la desarticulación de una red de pederastas que había utilizado víctimas adolescentes tuteladas por la administración", ha denunciado Ribó. "Proteger a los infantes es un derecho fundamental y un deber de los poderes públicos y existe una infradetección de los abusos a menores que debería corregirse", asegura.

En 2015, según los atestados policiales, 644 menores han resultado víctimas de algún tipo de abuso o agresión. "Es importante destacar que 30 de estos casos han tenido lugar en escuelas, siete en institutos y doce en centros de menores", ha destacado el Síndic.

Ribó critica que, pese a que el Parlament de Catalunya redactó la ley 4/2010 para combatir estas prácticas que afectan a los derechos de los menores "no se ha creado el servicio de atención especializada dirigido a las víctimas que definía la ley".

El Síndic ha destacado que hay un déficit de formación de los profesionales tanto en la comunidad educativa como en otras administraciones para afrontar los abusos. Ribó amplia ese déficit al sistema de salud y a los profesionales del la parcela del ocio de los menores. "También es necesaria la formación en el ámbito policial pero, sobre todo, no se está escuchando a los menores en los propios centros escolares porque no hay medios para hacerlo".

Ribó exige que se actúe ante la mera sospecha de un abuso, que la administración garantice la confidencialidad y que los centros educativos tengan "como mínimo" a una persona formada en la detección del abuso infantil.

"Actualmente solo hay dos unidades multidisciplinares de diagnostico del abuso sexual una en Sant Joan de Deu y otra en can Ruti. Son insuficientes", ha resaltado.

"Vergüenza"

Ribó ha destacado que el último protocolo para la detección de abusos sexuales en menores ha surgido de un acuerdo de gobierno, del pasado junio, que excluye de su cumplimiento a los centros educativos privados. El defensor del pueblo catalán ha calificado de "vergüenza" excluir a los centros privados porque "otorgar un tratamiento diferenciado en la aplicación del protocolo en función del financiamiento no tiene una justificación desde la perspectiva de los derechos de los menores y comporta un trato discriminatorio y una desprotección".