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La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Artur Mas por el 9-N

Subraya el "desafío" del expresidente catalán al Constitucional y le acusa de desobediencia y prevaricación

Artur Mas durante la consulta de 2014.

La Fiscalía ha solicitado una pena de diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. En su escrito de acusación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía considera a Mas "autor" de los delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa. También señala a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau como "cooperadoras necesarias" de esos delitos, y pide para ellas una pena de nueve años de inhabilitación.

Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled concluyen que los dos delitos deben castigarse de forma conjunta. Y piden que, durante el tiempo de la condena, Mas y sus exconsejeras no puedan desempeñar "cargos públicos electivos" en cualquier nivel, "ya sean de ámbito local o estatal". Si la acusación de la Fiscalía Superior de Cataluña prospera en el juicio, también estarán inhabilitados para "el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico como en el del Estado".

Puigdemont responde a la Fiscalía: "Preferimos las urnas a las polillas"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reaccionado hoy con indignación a las peticiones de inhabilitación planteadas por la Fiscalía por la organización de la consulta soberanista del 9N de 2014: "Somos más los que preferimos las urnas a las polillas". La exvicepresidenta del Gobierno catalán Joana Ortega ha deplorado hoy la petición de inhabilitación: "Nos quieren inhabilitar por habilitar que la gente hablase. Inédito en el mundo".

Mas, Ortega y Rigau van a ser procesados por organizar la consulta independentista del 9-N a pesar de que, cinco días antes, el Tribunal Constitucional (TC) la había prohibido. La Generalitat adujo entonces que se desentendió del proceso y lo dejó en manos de voluntarios. La Fiscalía replica, en cambio, que el Gobierno catalán siguió realizando actos para impulsar la consulta; en concreto, permitió que los trabajos encargados anteriormente a empresas privadas siguieran adelante pese al veto del Constitucional.

El escrito otorga un papel preponderante a Mas como impulsor político de la votación. El expresidente catalán "articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión" del TC "auxiliado directamente por destacados miembros del Gobierno". "Amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad", dice el escrito, se "concertó" con el resto de acusados para que la "jornada de participación" se celebrara. Todos ellos, reafirma el texto, eran "conscientes" de que estaban quebrantando la resolución del Constitucional, que era clara e inequívoca y se les había comunicado personalmente.

Tras el veto del TC, Mas y sus consejeras se mantuvieron "en segundo plano" e intentaron generar "la apariencia de que el proceso se paraba". No fue así. La documentación, sigue la Fiscalía, demuestra que los trabajos encargados por la Administración a contratistas privados se ejecutaron después del veto, el 4-N: el reparto masivo de correspondencia; la web institucional, que "se mantuvo activa"; la campaña institucional; o las tareas de "infraestructura informática".

Los fiscales se detienen especialmente en esas labores informáticas. Durante los días 7 y 8 de noviembre, dos empresas (T-Systems y Fujitsu) entregaron e instalaron los programas informáticos necesarios para la consulta en los 7.000 ordenadores portátiles comprados expresamente para la jornada. Todo ese material, además, se distribuyó en los institutos de educación pública, que el día 9 de noviembre abrieron las puertas para permitir el voto de los ciudadanos.

La Fiscalía sugiere que los delitos (desobediencia y prevaricación) deben juzgarse en "concurso ideal", o sea, conjuntamente. Sin embargo, plantea una calificación "alternativa" para el caso de que el tribunal optara por castigarlos por separado. En ese caso, la petición de pena se mantiene casi intacta para todos ellos. En el caso de Mas, serían ocho años de inhabilitación (por prevaricación) y un año y medio más (por desobediencia). Este último delito, sin embargo, implica también una pena de multa, que los fiscales cifran en 36.000 euros.

Para organizar el 9-N, admiten los fiscales, "se movilizaron cuantiosos recursos financieros públicos". El escrito, sin embargo, no menciona el delito de malversación de fondos públicos. Este delito -el único que conlleva penas de prisión- se había incluido en la querella inicial de la Fiscalía, pero fue descartado el pasado verano, una vez practicadas todas las diligencias. Los fiscales llegaron a la conclusión de que había un "margen de duda", ya que los gastos fueron "comprometidos con anterioridad" a la suspensión del Constitucional, pese a que algunos se pagaran después.

El escrito de calificación llega unos días después de que, el pasado 15 de septiembre, el TSJC diera por cerrada, definitivamente, la instrucción de la causa al rechazar los últimos recursos de las defensas. El tribunal vio indicios de delito y rechazó uno de los argumentos repetidos por Mas: que la del 9-N es solo una "causa política". Con el escrito de la Fiscalía, ya solo falta que el TSJC dicte el auto de apertura de juicio oral, que obligará a Mas, Ortega y Rigau a sentarse en el banquillo de los acusados.

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