El reto de Puigdemont de no repetir otro 9-N

La propuesta de convocar un referéndum de independencia anunciada este miércoles por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, abre una nueva vía que hasta hace pocas semanas era vista con escepticismo desde el propio Gobierno catalán. Desde que la propuesta de consulta unilateral se convirtiera en una medida de presión de la CUP, el propio Ejecutivo y dirigentes de la antigua Convergència Democràtica –ahora Partit Demòcrata—pusieron en duda esa posibilidad. Su argumento era muy claro: se corría un serio riesgo de repetir el proceso participativo sobre la independencia que se celebró el 9 de noviembre de 2014 y por el que ahora están imputados el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y los consejeros Irene Rigau y Francesc Homs.

Pese a esas imputaciones tras desoír al Tribunal Constitucional, el 9-N era una consulta no vinculante, con la que el Gobierno catalán desafió a las instituciones del Estado pero que tan solo perseguía un escrutinio con urnas sobre la opinión que tenían los catalanes respecto a una posible independencia o un cambio de encaje político en el Estado. El resultado fue clarísimo a favor de la independencia, pero básicamente porque los contrarios a la secesión evitaron votar. Solo participaron 105.245 partidarios de mantener la actual estructura política frente a los 1,89 millones de personas que votaron por la independencia y los 234.848 que defendían un cambio de encaje dentro de España.

El 9-N no fue una consulta con garantías democráticas plenas y no se realizó con un censo oficial de votantes. Pudieron votar los mayores de 16 años y los residentes extranjeros que llevaban más de tres años residiendo en Cataluña.

Que los partidarios del no a la independencia se sientan llamados a las urnas es una de las principales preocupaciones del Gobierno catalán. Es un elemento básico para que una consulta pueda ser homologada internacionalmente, tal y como establecen los documentos sobre buenas prácticas de referéndums aprobados por la Comisión de Venecia, un organismo del Consejo de Europa especializado en procesos electorales.

En las últimas semanas, el Gobierno ha hecho esfuerzos para sustituir el adjetivo "unilateral" por "vinculante". Vinculante porque se obliga así a la Generalitat a que asuma el mandato que salga de las urnas, si es que el referéndum llega en algún momento a celebrarse. El propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha admitido la dificultad de convocarlo y confesó este miércoles que la mejor opción es la de pactarlo con el Estado. La misma Comisión de Venecia censuró cuando Crimea convocó un referéndum para independizarse de Ucrania, que éste iba contra la Constitución.

La validación internacional es un punto en el que trabaja intensamente el Gobierno catalán para conseguir una consulta vinculante. Es la máxima prioridad del equipo de Carles Vives Pi-Sunyer, presidente del Instituto de Estudios Autonómicos, que intenta dar con la fórmula que le permita saltarse el marco de la Constitución y que los organismos internacionales puedan validar. Si se siguen los pasos marcados por la Comisión de Venecia, la Generalitat tendría que garantizar un censo de votantes válido, la creación de un ente similar a las juntas electorales y asegurarse el blindaje de los funcionarios ante las amenazas que puedan llegar del Gobierno central. Y antes que todo eso, los Presupuestos de la Generalitat tendrían que incluir partidas para financiar el referéndum, un capítulo que seguro que sería llevado ante el Tribunal Constitucional, con riesgo de suspender las Cuentas del próximo año en su conjunto.