El Constitucional levanta la suspensión a la tasa sobre pisos vacíos

Tras cinco meses de suspensión cautelar, el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido levantar el veto al impuesto catalán sobre los pisos vacíos. El tribunal no ha entrado en el fondo de la cuestión pero de momento permitirá cobrar la tasa pues considera que las consecuencias de hacerlo son reversibles y prevalece el interés de la Hacienda catalana. La Generalitat anunció ayer que no esperará a la sentencia y prevé recaudar 14,3 millones de euros.

La consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, valoró ayer la decisión judicial como un espaldarazo a la norma catalana y consideró que demuestra que el Gobierno central, que recurrió la norma en su día, “actúa de forma muy beligerante contra cualquier ley catalana”.

La ley establece que tras cinco meses de suspensión el alto tribunal tiene que valorar si ratifica o levanta el veto, sin que esta decisión implique una ratificación del texto legal en cuestión. Los magistrados decide el levantamiento porque considera que el Estado no logra probar “prejuicios al interés público” y pondera que son más graves los que tendrían las arcas catalanas sino se recaptan dichos dineros.

La suspensión cautelar no modificó el calendario de liquidación del impuesto correspondiente a este año, que se hará en el primer trimestre de 2017. Borràs quitó hierro a que el impuesto siga sin aval y explicó que la recaudación es mayor a los 11 millones que llegaron a las arcas a este año debido a que la nueva ley de emergencia de vivienda aumentará el número de municipios donde se cobrará el tributo, que grava a los pisos de grandes tenedores que llevan más de dos años vacíos. Gobernación incluirá el nuevos recursos en los Presupuestos y con ellos adquirirá más pisos sociales.

El TC considera además que, en caso de una sentencia desfavorable, Gobernación devolverá fácilmente le dinero a los grandes tenedores de pisos porque “se grava a un número determinado y reducido de contribuyentes, perfectamente identificados”.

Si bien este impuesto es una herramienta que permite garantizar el uso social de la vivienda, la Generalitat también alegó que le permite “reducir el déficit público” y cumplir con “el imperativo constitucional de la estabilidad presupuestaria”. El PP lo recurrió porque consideró que era idéntico al recargo sobre el IBI.