Espiral de denuncias entre Baltar y el PSOE por actos de campaña

En la provincia de Ourense, feudo del PP controlado desde hace casi tres décadas por los Baltar, las campañas electorales alcanzan unos grados de tensión superiores a los del resto de Galicia. Populares y socialistas llevan enzarzados desde las últimas generales en una espiral de denuncias ante la junta electoral por la celebración de actos prohibidos en campaña. De momento, como en las urnas, gana el PP este cuerpo a cuerpo, aunque el PSOE ha conseguido que el tribunal electoral haya admitido a trámite estos días su denuncia contra una decena de cargos del oponente encabezados por el presidente en funciones de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y por José Manuel Baltar.

Antes, en las generales del 26-J, el dirigente ourensano denunció al portavoz socialista en la Diputación y alcalde de Ribadavia, Ignacio Gómez, que acabó sancionado. “Les hemos dado de su propia medicina”, sostiene Gómez. En la campaña de las últimas generales, los populares le pusieron al regidor dos denuncias ante la Junta Electoral de Ribadavia. Una por haber presentado en rueda de prensa, durante la precampaña, una inversión para un parque empresarial del municipio y otra, por hacer balance de la gestión municipal ante los vecinos de Francelos.

Al día siguiente, los socialistas denunciaron ante la Junta Electoral Provincial a la entonces ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, que ese mismo día, a falta de cuatro para la cita con las urnas, firmaba un convenio de unas obras del AVE a su paso por Ourense por importe de más de 100 millones de euros. Pastor no fue condenada. Gómez, sí: por la rueda de prensa. La junta electoral provincial sancionó al socialista con una multa de 300 euros por vulnerar la ley electoral al informar de la obra.

En opinión del juez, el regidor hizo “alarde de la austeridad del grupo de gobierno y de su intachable conducta (…) induciendo de forma meditada a través de los medios de comunicación el sentido del voto de los electores”. “¡Pero si fue una semana antes de que empezara la campaña y la inversión que anunciamos era con dinero de la Xunta gobernada por el PP!”, protesta el alcalde, que espera ahora que se resuelva el recurso que presentó ante la Junta Electoral Central.

En el caso de Pastor, la denuncia no fue admitida a trámite (los socialistas pedían que se anulara el convenio firmado con el Ayuntamiento de Ourense) por haber sido registrada una vez convocado el acto. Aludía el juez en su escrito a que no había tiempo material para la paralización de la firma “en el supuesto de que se hubiera accedido a la petición”. Las broncas políticas de Gómez con Baltar son antológicas. La caída en desgracia del primero de los Baltar, condenado por enchufismo, fue consecuencia de la denuncia registrada ante la fiscalía por el grupo socialista de la Diputación. Cuando, posteriormente, un anónimo registró una nueva denuncia ante la fiscalía anticorrupción -esta rechazada por “poco precisa”- aportando documentos de un supuesto enriquecimiento patrimonial del “cacique bueno”, su hijo-sucesor se negó a comentar este hecho y amenazó con actuar contra quienes difundiesen esa denuncia. “Se dirimirán responsabilidades con toda contundencia”, advirtió, enervando a toda la oposición.

Pero la batalla campal quedó instalada en el organismo provincial cuando una mujer acusó al segundo de los Baltar por haberle supuestamente ofrecido un puesto en la Diputación a cambio de sexo. Baltar, que ha sido imputado por ello, se parapetó de nuevo en el silencio, con el respaldo expreso de Feijóo, tras insistir en que la denuncia se refiere a “un asunto privado”. La oposición consiguió reprobarlo. Desde entonces no hay tregua.