Las terrazas de la marmota

El jefe de filas el PP en el Ayuntamiento de Barcelona, el veterano Alberto Fernández Díaz, ha acertado al decir que el de este viernes ha sido "el pleno de la marmota, con reproches y sin propuestas". El concejal socialista Daniel Mòdol, ha convenido: "Nos podríamos haber ahorrado este pleno", que ha acabado con una votación que emplaza al gobierno de la alcaldesa Ada Colau a modificar en breve la controvertida Ordenanza de Terrazas.

Y es que los concejales y la prensa han perdido la cuenta de las veces que la Ordenanza ha protagonizado el debate en plenos o comisiones. Una ordenanza que aprobaron en 2014 CiU y el PP, pero que no aplicaron. Y que ha revelado una guerra de intereses --con varias batallas, la última este verano en la Boqueria-- cuando le ha tocado hacerlo al gobierno de Colau.

Este viernes, el pleno extraordinario lo había forzado la alianza de derechas que suman CiU, Ciutadans y PP. El concejal de ERC Jordi Coronas ha hecho una foto bastante fiel de la situación: ha recordado que la ordenanza la aprobaron CiU y PP, que "comenzaron a hacer moratorias porque no se atrevieron a aplicar lo que aprobaron" y que "cuando ha cambiado el Gobierno, los que decían que lo cambiarían todo, no han cambiado nada". También ha recordado que la entrada del PSC en el Gobierno ha cambiado la situación, porque el concejal Mòdol tranquilizó a los restauradores afirmando que el texto se relajaría. ERC se sumó con todo al frente de derechas al transaccionar el texto e introducir una referencia a la mixtura de usos del espacio público.

El principal enfrentamiento se ha producido entre los concejales de CiU, Raimond Blasi, y del gobierno, Gala Pin. Mientras Blasi se ha mostrado partidario de "acompañar a un sector estratégico" y ha acusado al ejecutivo de aplicar la ordenanza de forma "arbitraria"; Pin le ha preguntado cómo lo hubieran hecho ellos, que la aprobaron pero no la aplicaron. Y ha asegurado que durante el mandato pasado "hubo distritos donde CiU dio la instrucción política de que no hubiera inspecciones de oficio, solo si había quejas".

Desde Ciutadans, Carina Mejías y Koldo Blanco han alertado de la pérdida de empleos que la actual ordenanza podría comportar si se aprobara (30.000 han dicho) y han asegurado que al gobierno de "no le gustan las terrazas".

Y por parte de la CUP, Maria José Lecha, ha acusado al gobierno de Colau de situarse en el lado de los lobbies de la restauración por abstenerse en la votación final. Lo ha dicho tras afirmar que "hay que escoger de qué bando se está" y de alertar de las pésimas condiciones laborales del sector. "Es mentira que genere empleo de calidad", ha dicho.