Más de 600 identificados tras 3.343 denuncias por ocupaciones ilegales
En la región hay 1.398 viviendas usurpadas ilegalmente, el 86% en la capital
La capital copa el 86% de las denuncias por viviendas okupadas en la región. Los datos, hechos públicos este miércoles por la Delegación del Gobierno en Madrid, revelan que tras una investigación que comenzó en abril de 2016, se detectaron 1.205 viviendas okupadas en la ciudad, de un total de 1.398 casos en toda la Comunidad. En los últimos cuatro meses, la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas recibió 3.343 denuncias e hizo posible la identificación de 634 usurpadores. La delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, agregó que en "varios casos" los okupas de Madrid son reincidentes.
Tras cuatro meses de trabajo, la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas puesta en marcha por la Delegación del Gobierno en Madrid ha elaborado sus primeras conclusiones sobre el número de viviendas asaltadas en la región. Según su base de datos, en toda la Comunidad de Madrid se encuentran casi 1.400 viviendas ilegítimamente habitadas.
Solo en el área urbana de Madrid, las viviendas afectadas son 1.205. De ellas, la mayoría se sitúan en los distritos de Usera-Villaverde, Puente de Vallecas, Carabanchel, Ciudad Lineal, Villa de Vallecas, Latina y Centro (concretamente en el barrio de Lavapiés), tal y como señaló la delegada, Concepción Dancausa, tras las reuniones de la Junta y del Consejo Local de Seguridad de Madrid.
Dancausa agregó que en "varios casos" los okupas de Madrid reinciden en este tipo de acciones y, en ocasiones, la policía ha detectado vinculaciones con las mafias. En concreto, desde el pasado mes de abril se han llevado a cabo 112 desahucios y se han detectado cuatro posibles organizaciones criminales que actúan en este ámbito. La Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas descubrió en este periodo 634 casos de usurpadores. No concretó, sin embargo, la tipología de los infractores, aunque sí reveló que en muchos casos se trataba de "reincidentes".
Los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya actividad consiste en asistir a personas afectadas por los desahucios, impedir los desalojos y ayudarles a encontrar una vivienda, considera que los perfiles de los okupas de viviendas en Madrid son muy diversos.
"Registramos casos prácticamente en toda la ciudad, aunque en Vallecas es donde paramos más desahucios. Y se trata de personas de variadas nacionalidades y edades que, de repente, se encuentran en dificultades económicas y no pueden pagar el alquiler", explica Álex García, un militante de la PAH que este miércoles se manifestó para tratar de interrumpir un desahucio en el distrito de Vallecas.
El Consistorio regularizará a 88 familias
El consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) votó el 13 de septiembre a favor de regularizar 88 viviendas sociales okupadas en Madrid. Para pedir la legalización, los ocupantes deben demostrar que llevan un año, al menos, viviendo en la casa.
Según reveló Marta Higueras, primera teniente de alcalde de Madrid y presidenta del organismo, el Consistorio verificará que los ocupantes cumplan con las normas de la comunidad y que durante sus ocupaciones no hayan mantenido actuaciones "conflictivas" con los vecinos.
La concejala opinó que la condición de llevar un año en la casa para legalizar su ocupación hará que no exista efecto llamada. El PSOE apoyó la medida, mientras que PP y Ciudadanos votaron en contra.
Halima, una mujer de origen marroquí, su marido y sus dos hijos mellizos de cinco años recibieron una orden de desahucio en enero de 2015. Este miércoles lograron bloquear el quinto intento de echarlos. "Halima quiere pagar y regularizar su situación", asegura Álex García, y señala que esa familia ha obtenido, de momento, asistencia de la Junta de Distrito de Vallecas para encontrar una vivienda social.
El Ayuntamiento anunció el pasado lunes la compra de 150 viviendas destinadas a alquiler social. La medida que intenta dar respuesta a los 9.000 solicitantes de viviendas públicas registrados en la Empresa Municipal de la Vivienda y del Suelo (EMVS). La EMVS tiene un parque de 6.280 pisos destinados a alquiler social.
Daños a la convivencia
Tras las reuniones de la Junta y del Consejo Local de Seguridad, la delegada del Gobierno señaló los efectos colaterales implícitos en la concentración de ocupaciones en determinadas zonas de la ciudad. Dancausa incidió en que la ocupación ilegal es un problema que "daña gravemente la normal convivencia de las comunidades de vecinos afectadas y constituyen un foco de delincuencia".
La delegada del Gobierno subrayó que el coordinador policial es el punto de contacto entre los ciudadanos, unidades policiales e instituciones implicadas en este asunto y cuenta con un teléfono gratuito (900 100 301) y la dirección de correo electrónico madrid.ocupacion@policia.es para denunciar las entradas ilegales en las viviendas.
"Como propietario te sientes impotente, se pasa muy mal"
Las familias que descubren que su vivienda ha sido okupada viven una situación muy estresante. Es lo que les pasó a las madrileñas Lucía F., de 31 años, y a su madre, Ángeles C., de 52, a principios de septiembre. "Tenemos un pequeño piso de 35 metros cuadrados en la zona norte de la capital. Llevaba vacío poco más de un mes. El anterior inquilino se fue dejando dos meses sin pagar", cuenta Lucía.
"Mi madre y yo queríamos poner el piso a la venta, pero nos encontramos con que una pareja con un bebé había roto la cerradura y lo había okupado", continúa. Entonces, llamaron a la policía. Los agentes les informaron de que no se podía hacer nada más que denunciar y esperar "más o menos un año" a que saliera un juicio con una sentencia de desahucio. A los okupas les pidieron la documentación. "Como propietario estás desprotegido, te sientes impotente. Nosotras no somos ricas, solo tenemos un pequeño piso que queremos vender. Mi madre lo ha pasado muy mal", se lamenta. "Además, la policía nos advirtió de que si les cortáramos la luz o el agua nos podían denunciar ellos".
Lucía decidió contarlo en las redes sociales y una televisión se interesó por el caso. Cuando avisó a los okupas de que iban a ir a grabarlos, estos decidieron abandonar el inmueble a cambio de que se retirara la denuncia. Otros propietarios no han tenido la misma suerte.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
