Rita Barberá y su antiguo equipo mantienen la estrategia hasta el final

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La decisión de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá de renunciar a su partido, el PP, pero no al escaño en el Senado sigue la misma línea que la adoptada hasta ahora por los miembros de su antiguo equipo de gobierno de Valencia. Todos los que formaron parte en la pasada legislatura del Ejecutivo de Valencia se encuentran ahora inmersos en una pieza separada del caso Taula que se abrió por un supuesto delito de blanqueo de capitales y se ha ampliado a otro por presunta financiación ilegal. Y todos se han negado a dimitir.

La estrategia se ha repetido en tres instituciones distintas. El Senado con Barberá. El Ayuntamiento de Valencia, donde pese a la presión inicial de la dirección regional del PP nueve de los 10 concejales del grupo municipal siguen siéndolo pese a estar imputados. Y el Parlamento autonómico, del que es diputado el exconcejal de Seguridad de Barberá, Miguel Domínguez, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

El juez instructor del caso en Valencia, Víctor Gómez, remitió al TSJ la petición de que Domínguez fuera imputado. El órgano judicial ha esperado a que se pronunciara el Tribunal Supremo ante la petición idéntica que recibió en relación con Barberá. Todo indica que ahora seguirá el mismo criterio que el alto tribunal y abrirá una causa contra Domínguez.

Al menos temporalmente, los mismos hechos se investigarán de forma simultáneamente en tres órganos judiciales, salvo que se produzcan dimisiones o que el TSJ acepte quedarse con toda la pieza separada del blanqueo y la financiación, a excepción de la que afecta a Barberá, contra la que solo puede actuar el Supremo.

Barberá ha sido la primera en materializarlo. Pero diversos concejales del PP en Valencia ya anunciaron hace meses su intención de pasar, en todo caso, de abandonar el partido y pasar al grupo de no adscritos del Consistorio, si la formación política les forzaba a ello. Domínguez adelantó que si el TSJ aceptaba la petición del instructor se marcharía al grupo mixto del Parlamento autonómico.

Un escándalo que no cesa

El caso Taula, en el que hay más de un centenar de investigados, ha sido un terremoto para el PP valenciano, sobre todo el de la provincia y la ciudad de Valencia. Y no ha terminado. El levantamiento del secreto de sumario de las partes que continúan sin ser públicas para los acusados, inminente según fuentes del caso, volverá a exponer la mecánica presuntamente corrupta de una trama del 3%, por ejemplo en la construcción de colegios.

La parte del caso que afecta a Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Sociedad Anónima (Ciegsa) no alcanzará en una primera fase tantos contratos como los investigadores sospechan que fueron amañados —centenares—. Se trata en gran medida de contratos antiguos sobre los que es difícil la práctica de prueba. Y, sobre todo, son muchos. Tantos que, según fuentes de la causa, su escrutinio a fondo antes de levantar el secreto amenazaba con eternizar la instrucción.

Pero aunque finalmente solo sean dos o tres las adjudicaciones presuntamente amañadas que salgan a la luz en un primer momento, el sumario contiene, según las fuentes, elementos que volverán a poner de relieve con crudeza prácticas corruptas de las Administraciones valencianas.