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Los centros de menores tendrán un vigilante para evitar nuevos abusos

La Generalitat crea el delegado de protección de la víctima después de que siete tutelados acabaran en una red de pornografía infantil

Alfonso L. Congostrina
Jean Luc Aschbacher condena
Preservativos intervenidos en uno de los domicilios.

Los centros tutelados de la Generalitat tendrán un delegado que protegerá a los menores que residen en ellos. Así lo ha anunciado la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias este lunes en el Parlament. Dolors Bassa también ha informado sobre la atención que ha prestado la Generalitat a los siete jóvenes tutelados por la Administración víctimas de una red de pornografía infantil desarticulada por los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil a principios de agosto. Durante 13 años esta red produjo más de un millón de vídeos y fotografías sexuales en las que aparecían, al menos, 80 menores. Sólo se han identificado a 29 víctimas, entre ellas los adolescentes tutelados, con edades entre 12 y 17 años.

Bassa ha realizado, en sede parlamentaria,una descripción pormenorizada de los hechos y ha anunciado la creación de la figura del delegado de protección contra la víctima. “Un profesional que podría equipararse al delegado de riesgos laborales y que estará presente en cada uno de los centros de protección a la infancia”, ha informado la consejera. Este profesional  tendrá una formación específica de unas 50 horas y “deberá conocer las normas de confidencialidad y tener empatía con los adolescentes, ya que gracias a ella conseguimos destapar esta red de pornografía infantil escuchando a un adolescente que se negaba a hablar con los Mossos d’Esquadra”.

Bassa ha anunciado que la Generalitat se personará como acusación particular contra el líder de la trama, Jean Luc A. y los otros seis arrestados. En cambio, la consejera ha asegurado que la Administración no hará lo mismo en la trama de pedofilia del llamado caso Maristas. La oposición ha lamentado la decisión, que Bassa justifica porque  “las víctimas del profesor Benítez ya son mayores de edad". Además, ha añadido, "la escuela llevó los hechos a la Fiscalía en 2011, por lo que la acusación ya la realiza el Ministerio Público”.

Respecto a la trama de producción de pornografía infantil la consejera ha asegurado que no tiene toda la documentación, porque el caso está bajo secreto de sumario. “Sabemos que actuó de 2002 hasta 2015 y que tenía un alcance internacional”.

La investigación comienza en febrero de 2015 cuando en un centro de menores de Amposta ingresa un adolescente. Los Mossos d’Esquadra piden colaboración al centro ya que sospechan que el menor frecuenta una vivienda donde ocurre algo extraño. Los agentes quieren hablar con el adolescente, pero se niega. Durante marzo y abril los equipos de atención a la infancia y adolescencia (EAIA) exploran al niño y observan que cae en diferentes contradicciones. De forma paralela, detectan que tres adolescentes del centro residencial de acción educativa (CRAE) de Tortosa se fugan reiteradamente. Se extrema la vigilancia y detectan “que los niños vuelven al centro con dinero, tabaco y tiquets, que demuestran que realizan gastos”. Tras estas investigaciones se desencadena la actuación policial. Los agentes citan a los equipos de la EAIA para intentar reconocer a los menores que aparecen en los vídeos y las fotografías. Cinco de ellos son del CRAE de Tortosa y dos del centro de acogida de Amposta.

Bassa ha defendido que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) abrió un expediente informativo para averiguar si se había mantenido algún tipo de actitud negligente por parte de los trabajadores del centro. La consejera ha asegurado que en todo momento se han seguido los protocolos de actuación exigidos por el Síndic de Greuges y se ha informado a los Mossos sobre lo sucedido. El expediente permanece abierto “y no se ha podido tomar declaración a los menores porque hay un proceso penal abierto”. “Además, nos hemos coordinado con el Ayuntamiento de Tortosa, damos asistencia psicológica a todos los menores y nos personamos como acusación particular”, ha destacado la consejera. También se ha creado un observatorio de derechos de la infancia y la adolescencia desde el que se desarrollarán estrategias para proteger a los más vulnerables.

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