La exedil del PSOE que denunció a un juez decano pide que declaren tres magistrados

La exconcejala del PSOE en Ourense Áurea Soto, que acusa al juez decano de esta ciudad, Leonardo Álvarez, de prevaricar para procesarla y acabar con su carrera política, ha pedido que declaren como testigos en la causa tres magistrados, dos de ellos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y uno del Supremo. Son los tres autores de un auto judicial que es clave en un caso que ha sacudido la judicatura gallega.

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Según la exedil del gobierno de Ourense, Álvarez, como titular del juzgado de instrucción número 2 de la ciudad, la encausó por prevaricación durante la legalización de un complejo urbanístico pese a que, a juicio de la socialista, el contenido de esa resolución, dictada en 2009 por los tres magistrados -Juan Carlos Trillo Alonso, José Antonio Méndez Barrera y José María Arrojo Martínez- como miembros de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, la exculpaba de tal delito. Soto fue enviada al banquillo por Álvarez junto a un asesor externo del Ayuntamiento ourensano que participó en el expediente, el abogado Carlos Hernández. Aquella decisión del juez decano supuso la dimisión de la concejala en aplicación del código ético del PSOE, pero en el juicio tanto ella como Hernández resultaron absueltos. Ahora ambos se han querellado por supuesta prevaricación judicial contra el instructor de aquella causa, que acudió a declarar como investigado ante el Tribunal Superior el pasado viernes.

En su comparecencia en el TSXG, tribunal encargado de instruir la querella por ser Álvarez aforado, el juez decano de Ourense alegó que el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo esgrimido por la exconcejala era “un poco farragoso” y no lo vinculaba. “Es un auto dictado por un tribunal contencioso-administrativo y que ellos en principio no hayan apreciado irregularidades de forma o de fondo al juez instructor no le vincula”, señaló Álvarez en su declaración, en la que se negó a responder las preguntas del abogado de los denunciantes.

Los querellantes subrayan la “relevancia” que tienen en la causa los testimonios de los tres magistrados citados por “la torticera interpretación que el querellado pretendió dar” a su auto “por razones de obvia conveniencia, sabedor como era y es de lo desviado de su conducta”.

Álvarez también negó el pasado viernes otra de las acusaciones de la exconcejala socialista: que la imputación contra ella y el abogado externo del Ayuntamiento fue “selectiva”, ya que no se sentó en el banquillo a otras personas, concejales o técnicos, que participaron en el expediente de legalización urbanística. El magistrado sostiene que todos los miembros de la junta de gobierno señalaron a Soto como la única que conocía en profundidad las actuaciones que se aprobaron y que no vio ninguna ilegalidad en el proceder de los funcionarios municipales porque se limitaban “a seguir instrucciones de la concejala”.

Los querellantes, sin embargo, defienden que tres técnicos tuvieron “la misma participación” que Hernández en el expediente y señalan también a una “viceasesora municipal” como la firmante de una de las decisiones por las que se procesó a Soto.

El juez ha sido imputado por prevaricación después de que la Sala de lo Civil y Penal del TSXG, encabezada por Miguel Ángel Cadenas, presidente del alto tribunal gallego, admitiese a trámite la querella de Áurea Soto en contra del criterio de la fiscalía. Durante la declaración de Álvarez, el representante del ministerio público, el exfiscal jefe de Galicia Carlos Varela, declinó interrogar al investigado.