Salud diseña una “estructura de Estado” para fijar el precio de los medicamentos

El consejero de Salud, Toni Comín, ya ha puesto a andar la maquinaria burocrática para configurar la estructura de Estado que depende de su departamento: una agencia catalana del medicamento. Este organismo, que asumiría las funciones que ahora tiene la agencia española, se encargaría de decidir qué fármacos son financiados por el sistema público y establecer el precio de cada uno de ellos. Salud prevé tener todo el dispositivo a punto al final de la legislatura.

La puesta en marcha de la agencia y el refuerzo de toda la política del medicamento es, de hecho, una de las líneas estratégicas del Plan de Salud 2016-2020, que fija la hoja de ruta de las políticas sanitarias para los próximos cuatro años. El borrador del proyecto, que se comenzó a gestar a mediados de 2015 bajo el anterior gobierno de CiU, no contemplaba el despliegue de la Agencia Catalana del Medicamento pero, con la llegada del nuevo ejecutivo independentista a la Generalitat, Salud incluyó esta estructura de Estado —hay otras tres pendientes en materia sanitaria— como una de las prioridades a desarrollar en el marco del plan de salud.

“Queremos tener una política del medicamento, normativamente blindada, con instrumentos como una agencia propia”, apuntó ayer el consejero durante la presentación del Plan de Salud al Parlament. Para empezar, el Departamento ya ha creado un área específica para los fármacos, que antes no existía, y su responsable es, precisamente, Josep Torrent, que fue el primer director de la Agencia Española del Medicamento.

Esta sección, a cargo del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), es la responsable “del diseño, la gestión, la planificación operativa y la evaluación de la prestación farmacéutica”. De ella dependen las nuevas gerencias de farmacia y de armonización farmacoterapéutica (detecta las inequidades de acceso a los fármacos entre los hospitales). “Se crea este área para reforzar las políticas del medicamento”, aseguraron ayer fuentes del departamento.

A esta nueva división, punto de partida para el despliegue de la futura agencia, también le corresponderá, según el Departamento, “elaborar informes, dictámenes y estudios respecto a los medicamentos”. Las mismas fuentes  explicaron que quiere “tener todo listo para el momento de la desconexión”. “Queremos acabar la legislatura con una estructura que incorpore las competencias de una agencia del medicamento”, apostilló.

De salir adelante, la división catalana sería la encargada de fijar los precios y decidir qué fármacos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) son financiados por el sistema público y cuáles no. En lo que no tendrá competencias la agencia catalana es en la autorización para comercializar los fármacos, una función que recae en la EMA.

Aunque Comín siempre ha mantenido que “la sanidad catalana ya es una estructura de Estado” en sí misma y, si no fuese por la infrafinanciación del sistema, “en salud, Cataluña estaría muy cerca de ser un estado independiente”, todavía quedan por desplegar otras estructuras de estado en materia sanitaria. Además de elaborar una nueva Ley de Salud y Social de Cataluña, Comín ha prometido una cartera de servicios propia, un órgano de salud pública internacional y una política para ordenar las profesiones sanitarias.