La acusación particular pide 26 años para el cabecilla del ‘caso Romanones’
La solicitud del abogado del denunciante eleva la formulada por la fiscalía, que reclamó nueve años
La acusación particular ha pedido una condena de 26 años de prisión para el padre Román, el único procesado en el caso Romanones y acusado de abusar sexualmente de un menor de edad desde 2004, cuando tenía 14 años. La petición del abogado del denunciante, Jorge Aguilera, eleva sustancialmente la formulada por la fiscalía, que reclamó nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado, agravado por el resultado de acceso carnal.
En el escrito elevado ante la Audiencia Provincial de Granada, la acusación particular entiende que además de este delito, por el que solicita 10 años de prisión, el acusado también es presunto autor de otros dos delitos más de abusos sexuales, al contemplar el acceso carnal con el miembro viril, y pide por cada uno de ellos otros ocho años de prisión, informa Europa Press. La pena reclamada se eleva a 26 años, basándose en la jurisprudencia que permite valorar ciertos episodios de abuso sexual como "individualizables", además de 50.000 euros de indemnización para la víctima y prohibición de comunicarse o acercarse a ella por un periodo de 20 años.
Tras el escrito de la acusación particular, que pidió a la Audiencia una prórroga del plazo para su presentación, será el turno de la acusación popular, que ejerce la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), de la defensa y del Arzobispado como responsable civil subsidiario.
Según consta en el escrito de acusación de la fiscalía, el religioso aprovechó su "situación de ascendencia moral" sobre el joven para someterlo a tocamientos o abusos sexuales, tanto en la casa parroquial inicialmente, como en las viviendas en las que el grupo de sacerdotes liderados por Román pasaban sus periodos de descanso, en Los Pinillos, en Cenes de la Vega, y en Salobreña.
El caso Romanones solo sigue contra Román, exsacerdote de una parroquia ubicada en el barrio granadino del Zaidín, después de que, en septiembre del 2015, la Audiencia de Granada decretara prescritos los delitos que se le atribuían en un principio a nueve sacerdotes, un profesor de Religión y un seglar. El juez del caso cerró la instrucción el pasado año al constatar que se trataba de un abuso sexual a un menor de forma continuada desde 2004 hasta 2007. El magistrado añadió al expediente "actuaciones procesales de las partes, la actuación policial, pruebas documentales y testificales, etc., que eran valoradas conjuntamente para la resolución final del caso" y que ratificaron que sí había delito en las reuniones que mantenían los integrantes de este clan.
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