La juez procesa a dos excargos del PP valenciano por darse sobresueldos

La juez ha procesado este miércoles a dos ex altos cargos de la etapa del PP al frente de la Generalitat valenciana por malversación y prevaricación en el reparto de sobresueldos sin cobertura legal en una empresa pública. Se trata de Felipe Espinosa y Enrique Simó, que fueron directores generales de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) y que concedieron por este sistema presuntamente irregular al personal de la empresa, incluidos ellos mismos, 1,8 millones entre los años 2007 y 2011.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia dicta el sobreseimiento provisional, en cambio, para la exconsejera delegada de Vaersa y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, "al no haberse podido vislumbrar" en su actuación "ningún tipo de participación en los hechos" presuntamente delictivos.

Espinosa y Simó cobraron personalmente de forma irregular 60.000 euros y 48.000 respectivamente. Tanto esos como el resto de pagos ordenados por los entonces directores generales en concepto de productividad fueron realizados "sin contar con la debida autorización" del Gobierno autonómico y "presuntamente a sabiendas" de que estaban "actuando al margen de la legalidad", señala la juez de forma.

La magistrada instructora recuerda que el pago de complementos de productividad en una empresa pública requiere una serie de requisitos para asegurar que responden a causas objetivas y se asignan con proporcionalidad. Entre las condiciones indispensables figuran dos permisos expresos del Ejecutivo autonómico.

Un primer acuerdo del Gobierno de la Generalitat "autorizando el establecimiento del régimen" por el que va a calcularse la paga de productividad con vistas al año siguiente. Y, además, un segundo acuerdo del Consell autorizando expresamente el abono.

Respecto a ambos permisos los responsables de Vaersa actuaron durante años "con conciencia plena de la ausencia de autorización" como exigen las leyes de presupuestos anuales de la Generalitat, insiste la juez, que destaca que en varios ejercicios ni siquiera se solicitó permiso.

La instructora ha dado traslado del auto de procesamiento —llamado técnicamente auto de incoación de procedimiento abreviado— al fiscal para que decida si debe o no abrir juicio oral contra los dos ex altos cargos. El procedimiento se inició con una denuncia del ministerio público contra los ex directores generales en el año 2014.

Los dos ex altos cargos se encuentran inmersos en otras dos piezas separadas del procedimiento judicial, centradas en la contratación supuestamente irregular de vehículos todoterreno y de un abogado.

La magistrada rechazó recientemente la petición de los exdirectores imputados —investigados, según la nueva denominación judicial— de que fuera el seguro contratado por Vaersa el que corriera con el pago de las fianzas impuestas por la juez. Las fianzas ascienden a 500.000 euros en el caso de Espinosa y a 50.000 euros en el de Simó.

La negativa fue justificada por la juez en el hecho de que los delitos de los que se les acusa son dolosos, lo que implica una "voluntad deliberada" de cometerlos "a sabiendas de la ilicitud" de sus acciones. Un elemento que impide trasladar al seguro la responsabilidad civil que les sea impuesta en caso de condena.