Colau no reformará hasta 2017 la actual ordenanza de civismo

“Está en los primeros pasos”. El cuarto teniente de alcalde de Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, admitió ayer que la revisión de la ordenanza de civismo va para largo. Revisar este polémico texto, aprobado en 2005 por el alcalde Joan Clos (PSC) y endurecido por Xavier Trias (CiU), y que prevé multas a mendigos, prostitutas y clientes, el top manta, o por orinar o beber en la calle, fue uno de los compromisos electorales de la alcaldesa, Ada Colau.

Ayer Asens dijo que prevén tener una propuesta en febrero de 2017. Además, el cuarto teniente de alcalde reconoció que el Gobierno necesitará consenso político para reformar la ordenanza. “No dependerá solo de nosotros, sino del resto de grupos”, apuntó. En un escenario optimista, pues, la nueva norma se aprobaría dos años después de entrar a gobernar en el Ayuntamiento de Barcelona.

“Tenemos el compromiso electoral pero ahora mismo está en un primer nivel, no podemos avanzar nada más”, apuntó. A preguntas de los periodistas, matizó que “está abierta la posibilidad de hacer alguna modificación concreta”.

Asens compareció ayer para presentar un plan de mandato para convertir Barcelona en una ciudad que sea referente en Derechos Humanos, tanto en la aplicación de las propias políticas públicas —y por lo tanto en las propias ordenanzas municipales— como en la defensa de los derechos de ciudadanía ante la aplicación de cualquier norma de cualquier administración.

Y es en este marco en el que el gobierno ha puesto fecha a la propuesta de una nueva ordenanza de civismo que encaje con los marcos normativos internacionales. El texto fue aprobado inicialmente en el último pleno de 2005 tras un verano de una gran presión mediática sobre la degradación del espacio público con fenómenos como el botellón, el top manta, la prostitución o la suciedad. La apoyaron el PSC, ERC y CiU; y el PP se abstuvo. ICV, en el tripartito que formaba con PSC y ERC, votó en contra. El controvertido texto, de 120 artículos, también ha sido criticado por la actual Síndica de Barcelona, Assumpció Vilà.

El programa electoral de Barcelona en comú proponía “derogar las normas de la actual ordenanza que facilitan abusos de poder sobre las personas más vulnerables y la estigmatización de colectivos y personas según etiquetas prestablecidas” e “impulsar un nuevo pacto de convivencia inclusivo, democrático y no discriminatorio para la ciudad”.